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La Cátedra de Derecho Administrativo de la ULE celebró el pasado viernes una jornada titulada ‘El denunciante y el régimen jurídico de su protección’, (Directiva UE 2019/1937, de 23 de octubre), en el Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar. Minutos antes del inicio de la sesión, los juristas participantes han mantenido un breve encuentro con el Rector de la ULE, Juan Francisco García Marín.
La catedrática de la ULE Mercedes Fuertes López ha explicado que a mediados de diciembre “entrará en vigor una Directiva europea que establece nuevos instrumentos para proteger a aquellas personas que, con buen sentido cívico, informan sobre infracciones del Derecho europeo con el fin de luchar contra la corrupción y también dotar de más medios para la eficacia de las normas (protección ambiental, contratación pública, etcétera)”. En España se han difundido informaciones sobre el tema, que se ha dado a conocer bajo el término inglés de ‘whistleblower’, y han sido perseguidas las personas que denunciaron actuaciones que permitieron investigar la corrupción de varios partidos políticos, y también de empresas públicas como Acuamed o Navantia, etc.
Precisamente por ello, Mercedes Fuertes ha organizado esta jornada, en la que ha contado con juristas con quienes compartió el encargo del Ministro de Justicia de preparar un estudio para incorporar esa directiva y redactar un borrador de anteproyecto de Ley. Los participantes en la sesión han sido: José Miguel Bueno (Abogado del Estado ante el Tribunal Supremo), Begoña Díaz-Varela (Subdirectora de sistemas y digitalización del Grupo EFE), Jacobo Fernández (Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), Mercedes Fuertes (Catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de León), Dolores Herrera (Directora de Cumplimiento del Grupo Iberdrola), José Luis Piñar (Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad CEU-San Pablo), e Ignacio Sáez (Letrado de la Junta de Castilla y León).
