El caso del joven de 19 años, presunto agresor de un anciano en Torre Pacheco, ha vuelto a generar indignación y polémica en el municipio murciano. Tras ser detenido en el País Vasco y pasar un tiempo en prisión provisional, la jueza instructora ha decidido dejarlo en libertad provisional a pesar de la gravedad de los hechos y sus antecedentes penales. Esta decisión ha reavivado el debate sobre la justicia y la seguridad en una localidad que ya vivió días de gran tensión y disturbios raciales tras la agresión.
El pasado 9 de julio, un jubilado fue víctima de una brutal agresión a manos de un joven de 19 años de origen marroquí. La paliza, que se hizo viral en redes sociales, no solo causó conmoción, sino que también desató una oleada de violencia y disturbios racistas en Torre Pacheco. Grupos ultras utilizaron la agresión como excusa para arremeter contra la población inmigrante, organizando protestas y, en algunos casos, «cacerías» que resultaron en peleas, detenciones y varios heridos. La tensión social escaló hasta un punto crítico, generando un clima de miedo e inseguridad en el municipio.
El presunto agresor, que huyó del lugar, fue finalmente detenido en Rentería, País Vasco, el 14 de julio. El arresto trajo un breve respiro a la situación, pero los detalles de su historial criminal no tardaron en salir a la luz, complicando aún más su situación. Se reveló que el joven, con permiso de residencia en España, ya tenía antecedentes por robo y, de hecho, había sido condenado recientemente a un año de prisión por el robo de un reloj a otro anciano de 80 años en la misma localidad.
Inicialmente, el Juzgado de Donostia acordó la prisión provisional para el acusado, una medida que parecía lógica dada la gravedad de la agresión y su historial. Sin embargo, cuando el caso fue trasladado a la Justicia murciana, la jueza instructora ha optado por una decisión diferente. Sorprendentemente, el Ministerio Fiscal, el único acusador en el caso, no solicitó la ratificación de la prisión provisional, lo que facilitó la salida del joven de la cárcel.
La libertad provisional del agresor ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública, especialmente entre los vecinos de Torre Pacheco. Muchos se preguntan por qué, con un historial de violencia y una condena reciente, se le permite volver a la calle. Aunque la jueza ha impuesto una serie de medidas cautelares, como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del perjudicado, la prohibición de residir en Torre-Pacheco, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, la sensación de impunidad ha calado hondo.
Además, se ha sabido que los otros dos amigos que estaban con el acusado durante la agresión y que fueron detenidos por posible complicidad, también fueron puestos en libertad provisional días antes. Este hecho ha reforzado la percepción de que la justicia no está actuando con la contundencia necesaria para castigar actos de violencia de este tipo. La confianza en el sistema judicial se ve erosionada cuando decisiones como esta reavivan el sentimiento de desprotección y la alarma social que ya se había vivido en el municipio.
El caso de Torre Pacheco se ha convertido en un claro ejemplo de cómo una agresión individual puede tener consecuencias sociales devastadoras, desatando una escalada de violencia y disturbios raciales. La libertad del agresor, lejos de calmar la situación, ha vuelto a poner el foco en las tensiones raciales latentes y en la preocupación por la seguridad de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, como los ancianos. La noticia de su excarcelación ha reabierto la herida en una comunidad que aún intenta recuperarse de los traumáticos sucesos de julio.
