La lucha de La Liga contra la piratería ha abierto un nuevo e inesperado frente de batalla: la barra del bar. El organismo presidido por Javier Tebas ha puesto en marcha una medida que ofrece 50 euros a cualquier ciudadano que realice una denuncia «válida y efectiva» sobre un establecimiento que emita partidos de forma ilícita. La respuesta del sector no se ha hecho esperar, calificando la iniciativa de auténtica declaración de guerra.
El sector se siente perseguido
José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, ha manifestado el profundo malestar del gremio, asegurando que la medida les «pone una diana» innecesaria. Aunque desde la patronal subrayan que comparten el objetivo de erradicar la piratería, rechazan frontalmente los métodos de «chivatazo» remunerado.
«Hay que ir a por la matriz, no a por el último de la fila», sentenció Almeida en declaraciones a ‘El Larguero’, lamentando que una colaboración que hasta ahora era fluida se haya roto unilateralmente por parte de La Liga.
Tarifas de hasta 500 euros al mes
El foco del conflicto no es solo el método de denuncia, sino el coste del servicio legal. Numerosos hosteleros denuncian que las tarifas actuales son «inasumibles», alcanzando en muchos casos los 500 euros mensuales. El sector argumenta que una política de precios más equitativa y ajustada a la realidad de los pequeños negocios sería una herramienta mucho más eficaz contra el fraude que enfrentar a los clientes con sus locales habituales por una recompensa económica.
Reunión de urgencia o ruptura
La hostelería ya ha movido ficha y solicitará una reunión de urgencia con los responsables de La Liga para exigir una rectificación inmediata. El espíritu, afirman, es el diálogo, pero el mensaje es claro: si el plan de los 50 euros no se retira, están dispuestos a romper relaciones de forma definitiva con el organismo futbolístico.
Para los propietarios de locales, la solución pasa por reducir la presión económica sobre un sector que actúa como uno de los principales motores de difusión del fútbol en España, en lugar de fomentar un clima de desconfianza en los establecimientos.
