Tres mil trescientos cincuenta euros. Esa es la cifra exacta en la que la Audiencia Provincial de Málaga ha tasado la quebradiza frontera entre la decisión médica de un profesional y el delito civil. El caso, revelado por Diario Veterinario, suena casi cotidiano: un perro muere pocas horas después de recibir dos vacunas simultáneas de distintos laboratorios. La reacción judicial, sin embargo, rompe cualquier cotidianeidad. Al fallar que la profesional no actuó conforme a la lex artis, los magistrados no solo condenaron un acto clínico concreto; le firmaron un cheque en blanco a la desconfianza.
La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha tardado poco en elevar el tono. No por ganas de polémica, sino por puro instinto de supervivencia sectorial. Aunque este fallo no crea jurisprudencia en el sentido estricto del derecho civil, el temblor de tierra en los Quirófanos y salas de consulta es real. ¿Quién se atreve a tomar una decisión rápida ante un paciente cuando el fantasma de un juzgado de primera instancia atisba detrás del microscopio? La inseguridad jurídica ha dejado de ser un concepto teórico de escuela de negocios para convertirse en un sudor frío sobre la bata.
El problema de fondo radica en el molde. La sentencia de la sentencia veterinaria malaga rd 666 2023 no se ha levantado sobre consensos científicos ni sobre la práctica habitual en los hospitales asistenciales de medio mundo. Se ha atornillado, de forma casi ciega, a las letras minúsculas de las fichas técnicas que consagra el Real Decreto 666/2023. Una norma pensada desde despachos con moqueta que encorseta el margen de maniobra del clínico. Si el prospecto del fabricante no especifica la administración conjunta, el veterinario queda desprotegido. Así de simple. Así de absurdo. La burocracia le ha ganado el pulso al diagnóstico.
Y mientras la tormenta arrecia en las clínicas de barrio, el Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España parece haber optado por el perfil bajo. O por la inercia. La patronal no ha dudado en señalar esa pasividad institucional con una severidad que escuece. Resulta cómico —si no fuera dramático— que sean las empresas y no la representación corporativa oficial las que tengan que salir al paso a defender el ejercicio diario de la medicina animal. Toca a los propios colegiados recordar a su órgano supremo para qué pagan sus cuotas cada mes.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por CEVE para llevar la derogación del polémico decreto de vuelta al Congreso de los Diputados ha ganado una munición argumental inesperada. Lo que antes sonaba a pataleo gremial contra las cargas administrativas desproporcionadas hoy se revela como una defensa de la propia ciencia. El presidente de la patronal, Sebastià Rotger, apura los tiempos tras la prorroga concedida por la Junta Electoral Central hasta el 10 de noviembre. El verano consumió los primeros plazos, pero el balón vuelve a estar en el campo de la ciudadanía.
No se trata solo de perros y gatos. Es una cuestión de modelo sanitario. Pretender que un reglamento administrativo fije de forma inamovible el protocolo de un acto médico equivale a pedirle a un cardiólogo que pida permiso al Ministerio de Sanidad antes de alterar la dosis de un fármaco en plena urgencia. Si la ILP de CEVE no consigue desactivar la camisa de fuerza del RD 666/2023, la medicina veterinaria española corre el riesgo de mutar en una simple labor de gestoría con estetoscopio. Y ahí, nos guste o no, perdemos todos.
