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La Junta permite la caza en zonas de alto riesgo de incendios y desata la ira de los ecologistas

PACMA denuncia la "irresponsabilidad" del Gobierno autonómico al mantener la caza de media veda, mientras 26 focos permanecen activos en la comunidad y la ciudadanía tiene restringido el acceso al monte.

En medio de una de las peores oleadas de incendios forestales que ha sufrido Castilla y León este verano, una controvertida decisión de la Junta ha encendido el debate público. Mientras la comunidad lucha contra 26 focos activos, 8 de ellos en nivel 2 de peligrosidad, la administración autonómica ha permitido la caza de media veda, lo que ha provocado la fuerte indignación de grupos ecologistas y animalistas.

El Partido Animalista PACMA ha liderado las críticas, calificando la medida de “irresponsable”. La formación ha señalado la incomprensible contradicción de que, mientras se prohíben actividades cotidianas como el uso de barbacoas o el tránsito por el monte, se permita una práctica que, según ellos, es incompatible con la protección del entorno natural y la seguridad pública.

El vínculo entre la caza y los incendios, en el centro de la polémica

PACMA ha recordado que la propia Junta de Castilla y León ha vinculado la actividad cinegética con 128 incendios provocados entre 2013 y 2022. La formación ha subrayado que muchos de estos fuegos fueron intencionados para favorecer la caza de determinadas especies, lo que hace aún más grave la decisión de permitir esta actividad en un momento crítico.

Para los animalistas, la excepción otorgada a los cazadores no solo es discriminatoria, sino que además incrementa el riesgo de nuevos focos de incendio. Citan el reciente incendio de Aliseda, en Extremadura, donde las autoridades han corroborado que el fuego fue provocado por motivos relacionados con la caza, como un ejemplo de los peligros que esta práctica conlleva.

Ante esta situación, PACMA reclama la prohibición inmediata de la caza en toda Castilla y León mientras dure la alerta por incendios. El partido insiste en que la prioridad debe ser proteger vidas humanas, animales y ecosistemas, no garantizar una actividad recreativa que, a su juicio, tiene antecedentes de causar graves daños medioambientales.

Por su parte, el sector de la caza ha rechazado las acusaciones, argumentando que no se puede englobar a todo el colectivo por el acto de un individuo irresponsable. Sin embargo, la tensión entre ambas posturas evidencia la profunda división que existe en la sociedad sobre la gestión del medio natural y la protección del ecosistema en un contexto de emergencia climática.

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