
La Junta de Castilla y León ha respaldado el 39º Congreso de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que reúne en Ávila a más de 120 magistrados para analizar los retos de la justicia en la era digital. Durante la apertura, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó el compromiso del Gobierno autonómico con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la cooperación institucional en materia judicial. “La digitalización debe estar al servicio de las personas y nunca comprometer su libertad ni su seguridad jurídica”, remarcó.
Un foro nacional para abordar los desafíos tecnológicos
El congreso, organizado con la colaboración de la Junta, centra su programa en el impacto de la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital sobre la administración de justicia. La novedad tecnológica exige respuestas jurídicas, éticas y democráticas, un enfoque que la organización y la Junta consideran imprescindible para garantizar derechos, transparencia y garantías procesales.
Rol de la Junta: marco jurídico y cooperación constante
Aunque la Comunidad no tiene transferidas las competencias de Administración de Justicia, la Consejería de la Presidencia, a través de sus Servicios Jurídicos, asegura un marco normativo sólido y coherente para la actuación del Ejecutivo autonómico y mantiene una relación fluida con los órganos judiciales.
González Gago subrayó que la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial se materializa en acciones formativas, en la organización de foros y jornadas, y en la participación en informes sobre la planta judicial y nombramientos de notarios y registradores. “La cooperación entre administraciones es esencial para el buen funcionamiento del Estado de Derecho en el ámbito autonómico”, afirmó.
IA y justicia: innovación con garantías
En cuanto a los contenidos del encuentro, el consejero valoró positivamente que se aborden los límites y oportunidades de la IA en el proceso judicial, desde la gestión de expedientes electrónicos hasta la tutela de datos y la explicabilidad algorítmica. El mensaje es claro: la digitalización es un instrumento, no un fin, y debe reforzar la calidad del servicio público sin menoscabar las garantías, la independencia judicial ni los derechos fundamentales.
Ávila, ciudad de diálogo jurídico
El escenario no es casual. Ávila ofrece patrimonio, infraestructuras y vocación de ciudad-congreso, lo que la convierte en un lugar idóneo para debates jurídicos de alto nivel. “Ávila representa un espacio singular para pensar y dialogar. No es casual que se celebren aquí tantos foros profesionales, jurídicos y académicos”, apuntó González Gago.
Claves del congreso
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Más de 120 magistrados analizan la justicia en la era digital.
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Apoyo de la Junta para consolidar cooperación y formación.
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Ética, transparencia y garantías como ejes del uso de IA.
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Ávila se reafirma como referente de encuentros profesionales.
En síntesis: Castilla y León reafirma su apuesta por una justicia moderna, garantista y cercana, con la IA como aliada para mejorar el servicio público y con la cooperación interinstitucional como palanca para fortalecer el Estado de Derecho.