La Junta de Castilla y León ha aprobado la convocatoria de ayudas a mancomunidades de Castilla y León para 2026 con una dotación de 11,8 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica. El objetivo es reforzar la prestación de servicios esenciales en el medio rural, una medida que también alcanza a las entidades locales asociativas de la provincia de León y al conjunto de municipios de la comunidad que dependen de estas fórmulas de colaboración.
El anuncio lo ha realizado este viernes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien ha subrayado que esta línea de apoyo crece de nuevo respecto al ejercicio anterior. En concreto, la partida suma 100.000 euros más que en 2025 y consolida una subida que, en apenas cuatro años, ha llevado estas ayudas de 5,7 a 11,8 millones, lo que representa un incremento de más del 105 %.
Del total previsto, casi 10,1 millones de euros se reservan para las mancomunidades rurales. Los 1,7 millones restantes se repartirán entre las Mancomunidades de Interés General Urbanas y la Comarca del Bierzo. Con esta distribución, la Junta busca adaptar la financiación a la realidad de cada territorio y a la presión que soportan los servicios básicos en los municipios más pequeños.
La convocatoria mantiene la cobertura de hasta el 75 % del coste de las inversiones subvencionables. En total, podrán financiarse diez tipos de actuaciones, entre ellas la compra de camiones de recogida de residuos sólidos urbanos, contenedores, vehículos para saneamiento de aguas residuales, retroexcavadoras, barredoras, furgonetas, camiones ligeros, trituradoras de restos de poda e inversiones en inmuebles de las propias mancomunidades.
Como principal novedad, la edición de 2026 incorpora dumpers y generadores eléctricos con remolque. Según ha explicado la Consejería, los dumpers permitirán agilizar trabajos de mantenimiento, transporte de materiales y pequeñas obras, con una reducción de tiempos de intervención. Por su parte, los generadores reforzarán la capacidad de respuesta ante averías, emergencias o zonas sin acceso a la red eléctrica, garantizando servicios tan sensibles como el abastecimiento de agua, la gestión de recursos o el alumbrado público.
Las mancomunidades interesadas podrán presentar sus solicitudes a través de la web de la Junta de Castilla y León hasta el 30 de abril. Además, las subvenciones se abonarán de forma anticipada a la adquisición de la inversión y deberán ejecutarse antes de que finalice 2027, lo que aporta margen para planificar compras y obras con mayor seguridad.
La Junta defiende que las ayudas a mancomunidades de Castilla y León son clave en una comunidad marcada por la dispersión geográfica y por el elevado número de pequeños municipios. En la actualidad, Castilla y León cuenta con 240 mancomunidades tradicionales, 38 comunidades de villa y tierra o asocios y una comarca con funciones similares. En conjunto, estas entidades agrupan a más de 2.000 municipios y dan cobertura a alrededor de 1,7 millones de personas.
Ese peso territorial explica la relevancia de una convocatoria que, en los últimos cuatro años, ha movilizado 40,4 millones de euros para mejorar servicios públicos locales. González Gago ha defendido que el fortalecimiento de estas entidades responde a una demanda directa del medio rural. A su juicio, las mancomunidades son una herramienta imprescindible para sostener la calidad de vida en los pueblos y para impulsar un desarrollo más equilibrado.
El anuncio se ha realizado durante la visita institucional a la mancomunidad Bajo Pisuerga, con sede en Cigales, integrada por nueve municipios y con servicio para más de 10.000 vecinos. Allí, el consejero ha mantenido un encuentro con representantes municipales y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con esta cooperación supramunicipal. En el caso de esta agrupación, la Consejería de la Presidencia ha destinado en los últimos cuatro años casi 540.000 euros, una cantidad que ha permitido renovar camiones de recogida de residuos y contenedores.
Con esta nueva convocatoria, la Junta refuerza una línea de apoyo que gana peso presupuestario y político. La intención del Ejecutivo autonómico es clara: sostener los servicios públicos donde más cuesta prestarlos y dar más capacidad de maniobra a los municipios rurales para responder a las necesidades diarias de sus vecinos.
