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Al cierre de consultorios de salud en los pueblos, la disminución de horarios en los transportes y el cierre de varias líneas de tren y transporte por carretera, se une el cierre de las sucursales bancarias.
Las nueve provincias de la comunidad autónoma se sitúan entre las 10 primeras con mayor porcentaje de municipios sin oficinas bancarias. La tasa de pueblos de nuestra provincia sin oficinas es del 78,2%. De un total de 211 municipios cuentan con banco 64; teniendo que desplazarse la población del resto de municipios en algunos casos a mas de 70 km.
La falta de puntos físicos bancarios en nuestra provincia agranda la brecha generacional, son las personas mayores que viven en gran parte de nuestros pueblos quienes no pueden acceder a dinero en efectivo, con lo cual se está vulnerando un derecho, sino que además no tienen posibilidad de realizar muchas gestiones que antes realizaban en las oficinas físicas de los bancos.
Caixabank declaro que no cerraría ninguna oficina en los municipios de la provincia donde sólo existiesen ellos como banco, pero esto sólo afecta a 5 de los municipios donde tienen oficinas; para que esto se mantenga es preciso detener cualquier proceso de privatización de la única entidad que todavía tiene participación accionaría estatal como es el caso de Caixabank.
El convenio de Diputación con Correos para que las oficinas de correos sean terminales para retirada e ingresos de dinero, convenio anunciado en 2022 pero del que poco se sabe y se desconoce el alcance real del desarrollo del convenio a cuantos municipios y personas se están beneficiando del mismo.
Javier Arias ha declarado que esas medidas no son suficientes y menos en una provincia como la nuestra donde la perdida de población y el exilio económico de nuestra juventud es alarmante.
El Coordinador Provincial de IU ha defendido la creación de una Banca Pública de carácter estatal, cuya gestión este participada por el estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, todo ello bajo normas de gestión democrática y transparente, que sea un servicio público vinculado a las políticas económicas y sociales de las administraciones públicas.
De esta forma según palabras de Javier Arias sería posible que la gestión de los ahorros de la sociedad depositados en estas entidades esté dirigida a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y de un sector publico productico con el objetivo fundamental puesto en la creación de empleo.
