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La Diputación dispondrá de 10 millones de euros para desarrollar el Plan Provincial de Residuos Inertes a través de la construcción de plantas de transferencia de residuos de demolición y construcción para que los ayuntamientos tengan áreas habilitadas que permitan una gestión adecuada de los escombros.
“Lo que queremos es que todas las localidades, a través de los ayuntamientos, puedan disponer de estas áreas de gestión de residuos para, por un lado preservar el medio ambiente evitando la proliferación de escombreras ilegales; y, por otro, para llevar a cabo una gestión adecuada de los residuos”, remarcó el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, quien indicó que esta ejecución se prevé en un horizonte de tres años “a razón de 3.920.000 euros este año y el próximo para finalizar en 2019 con 2.160.000 euros”.
Este Plan se enmarca dentro del convenio que la Diputación de León firmará “en las próximas semanas” con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que se encargará del “sellado y restauración” de las escombreras existentes.
La Diputación, tal y como anunció hoy el presidente, “diseñará unas plantas modelo” que tendrá un coste estimado de entre 8.000 y 12.000 euros y serán los propios ayuntamientos los que decidirán cuántas plantas y dónde las necesitan”.
En este sentido, abundó, serán los “ayuntamientos los que se encargarán, a su vez, de la gestión” de la obra con el fin de “agilizar los plazos”, al tiempo que avanzó que “tendrán que aportar alrededor del 20%” del coste.
Se están, actualmente, elaborando unas bases para que los ayuntamientos puedan optar a las ayudas.
250 peticiones
La institución provincial ya remitió hace unos meses una carta a todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en el que se manifestaba su compromiso de dar una solución a la gestión de residuos. “A esta primera carta, que puede servir como encuesta inicial, respondieron algo más de 130 ayuntamientos que manifestaron la necesidad de poner en marcha 250 plantas de transferencia”, enfatizó Juan Martínez Majo.
“También”, prosiguió, “colaboraremos con los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia, en cómo gestionar estas plantas de transferencia para que los residuos tengan la valorización adecuada” a través de los gestores autorizados.
