La Diputación de León contará desde este miércoles con capacidad jurídica para llevar a cabo expropiaciones forzosas de terrenos gracias a la puesta en marcha de la Oficina de Expropiaciones de la Diputación de León, un nuevo servicio dependiente del área de Fomento e Infraestructuras.
Con esta medida, la institución provincial aspira a reducir de forma notable los plazos de ejecución de las obras de mejora en la Red Provincial de Carreteras y a garantizar que los proyectos salgan adelante sin depender de terceros.
Presentación en el Palacio de los Guzmanes
La iniciativa se ha presentado este miércoles en el Palacio de los Guzmanes, sede de la institución, de la mano del vicepresidente primero y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, y del jefe del servicio de Fomento, Ricardo Bayón.
Durante la comparecencia, Aller ha destacado que la Oficina de Expropiaciones de la Diputación de León supone “un paso histórico en 44 años de historia democrática de la institución”, al dotarla por primera vez de herramientas legales propias para gestionar este tipo de procedimientos.
Hasta ahora, eran los ayuntamientos los que asumían las expropiaciones vinculadas a los proyectos viarios de la Diputación. Esta fórmula ha generado retrasos y bloqueos en numerosos expedientes por la incapacidad de algunos municipios para afrontar estos trámites.
Más de 60 proyectos desbloqueados
Según los datos ofrecidos por el área de Infraestructuras, son más de 60 los proyectos viarios pendientes de ejecución debido a la falta de expropiaciones. La mayoría proceden de mandatos anteriores y han quedado paralizados a la espera de una solución administrativa.
Con la entrada en funcionamiento de la Oficina de Expropiaciones de la Diputación de León, estos expedientes podrán reactivarse progresivamente. La medida ha sido impulsada desde el grupo de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la institución provincial, que la considera clave para mejorar la conectividad en la provincia.
No obstante, Aller ha advertido de que “esos 60 proyectos son más del doble de las obras de carreteras que se ejecutan anualmente desde la Diputación”. Por ello, ha solicitado la colaboración de los municipios afectados para que continúen con los trabajos ya iniciados de expropiación allí donde sea posible y así facilitar la labor del nuevo servicio.
Personal especializado y calendario de implantación
Para hacer posible esta nueva competencia, la Diputación ha incorporado personal propio especializado que se dedicará en exclusiva a la tramitación de los expedientes de expropiación.
Hasta ahora, la institución no disponía de capacidad jurídica para asumir estas funciones, lo que obligaba a delegarlas en los ayuntamientos. Con la Oficina de Expropiaciones de la Diputación de León, el órgano de Gobierno provincial pretende centralizar, profesionalizar y agilizar todo el proceso.
El objetivo es que la oficina alcance su pleno rendimiento en el último trimestre de 2026, una vez consolidados los equipos y los protocolos internos. Mientras tanto, el nuevo servicio irá incorporando progresivamente expedientes, empezando por aquellos considerados más urgentes para la red viaria provincial.
Primeras carreteras en las que actuará la nueva Oficina
Los primeros proyectos en los que intervendrá la Oficina de Expropiaciones de la Diputación de León se concentran en varios tramos de la red provincial:
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La LE-5523, en Santovenia de la Valdoncina y Chozas de Abajo.
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La LE-6620, en Santa María del Monte Cea.
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La LE-5109, en Trabadelo.
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La LE-5610, en Valdefresno.
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La LE-6445, en Villaobispo de Otero y Magaz de Cepeda.
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La LE-2708, en Oseja de Sajambre.
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La LE-4606, en La Ercina, para el ensanche y mejora de la carretera LE-4606, en el tramo Barrillos de las Arrimadas – La Ercina (P.K. 5+050 a P.K. 10+200).
Estos corredores concentran una alta intensidad de tráfico local y comarcal y figuran entre las actuaciones prioritarias del área de Infraestructuras.
Un mensaje a los municipios leoneses
El vicepresidente leonesista ha insistido en que la creación de la Oficina de Expropiaciones de la Diputación de León “demuestra que el equipo de Gobierno no se pone de perfil ante las demandas y necesidades de los municipios de la provincia”.
Asimismo, ha subrayado que la nueva capacidad jurídica permitirá acelerar la ejecución de obras, mejorar la seguridad vial y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, al evitar retrasos y sobrecostes derivados de expedientes paralizados.
De este modo, la Diputación confía en que, con la colaboración de los ayuntamientos y el despliegue gradual de la oficina, las mejoras en la red de carreteras provinciales se traduzcan en un impacto directo en la movilidad, la economía local y la cohesión territorial de la provincia de León.
