Periódico de León Digital / Ahora León / el agua / Imagen: S. Arén
IzAb defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una mercancía. Por ello impulsa la gestión pública del abastecimiento y saneamiento, y las luchas sociales contra la privatización. Defienden el acceso universal al agua bajo principios de eficacia social y ambiental y bajo control democrático. “Los gobiernos deben abandonar las aventuras fallidas de mercantilización del agua y la privatización de sus servicios”.
La Resolución 64/292 del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho al agua y al saneamiento como esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Los Gobiernos de todos los ámbitos deben proporcionar este suministro limpio, accesible y asequible para todos.
El derecho al agua tiene dos facetas, al menos. Por un lado, la libertad de acceso al recurso vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales; y por otro el que se deriva del derecho al suministro domiciliario de agua potable. Esta última, la que implica la prestación de un servicio que debiera ser responsabilidad exclusiva de los poderes públicos, obliga a éstos a garantizar determinadas prestaciones imprescindibles para satisfacer las necesidades vitales, tal y como recogen los artículos 18.1.g) y 26.1 de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que avalan sentencias de tribunales supremos regionales, como la sentencia núm. 817/1999 de 24 septiembre del TSJ de Castilla y León.
Se ha regalado el 49% del servicio de aguas, entregando la gestión completamente, con unos pliegos de condiciones declarados ilegales por sentencia judicial, que ha provocado la creación de una tasa por la reparación de obras que legitima la ilegalidad manifiesta de imponer el cobro de obras en la red de abastecimiento a las comunidades de propietarios que en ley son responsabilidad de la empresa concesionaria.
Unido a esto, la falta de un ente regulador que supervise la concesión permite entrar en procesos menos garantistas, menos transparentes, pero el principal problema es que los ayuntamientos privatizan para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular. Especular de una manera que provoca que las subidas en la tasa sea una constante dos veces al año.
