El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes Generales del XVIII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, correspondiente al ejercicio 2024. El documento, elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), ofrece una radiografía detallada del impacto de las políticas públicas y la evolución de los delitos machistas en España, destacando un incremento significativo en la respuesta asistencial del Estado.
Máximos históricos en protección económica y laboral
Uno de los datos más relevantes del informe es el impulso a las ayudas económicas previstas en el artículo 27 de la Ley Integral 1/2004. En 2024 se asignaron 1.697 ayudas, lo que supone el máximo anual desde que se inició la serie histórica en 2006. En el acumulado total hasta la fecha, el Estado ha concedido 14.458 de estas prestaciones destinadas a mujeres con especiales dificultades para obtener empleo.
En el ámbito laboral, el informe arroja las siguientes cifras acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2024:
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Contratos bonificados: 13.979 contratos totales para víctimas de violencia (pareja, doméstica o sexual), de los cuales 405 se formalizaron en el último año.
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Contratos de sustitución: Se registraron 277 nuevas contrataciones en 2024, elevando el total histórico a 4.998.
Balance de víctimas y delitos sexuales
El informe confirma una tendencia a la baja en la mortalidad, aunque las cifras siguen siendo alarmantes. En 2024 se contabilizaron 49 víctimas mortales por violencia de género, una reducción frente a las 58 registradas en 2023, marcando la cifra más baja de la serie histórica hasta ese momento.
En cuanto a la libertad sexual, el documento revela que el 85,7% de las victimizaciones por delitos contra la libertad e indemnidad sexual se cometieron contra mujeres. El tipo delictivo prevalente fue la agresión sexual, que representó el 62,7% del total de los casos analizados.
Situación penitenciaria y medidas alternativas
El sistema judicial y penitenciario también refleja la actividad del último ejercicio:
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Población reclusa: A cierre de 2024, 7.777 internos cumplían condena por delitos de violencia en la pareja o expareja (excluyendo datos de Cataluña).
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Penas alternativas: Se recibieron 40.685 mandamientos de penas y medidas alternativas a la prisión para penados por estos delitos, lo que evidencia un uso intensivo de los mecanismos de control y reeducación fuera de los centros penitenciarios.
«La remisión de este informe cumple con el compromiso de transparencia y mejora constante de las políticas públicas en la lucha contra las violencias machistas», subraya el documento elevado al Ejecutivo.
Con esta publicación, el Ministerio de Igualdad busca consolidar un diagnóstico preciso que permita ajustar los recursos de protección y prevención a la realidad actual de las mujeres en España.
