Las tres grandes compañías propietarias de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres)—Iberdrola, Endesa y Naturgy—han movido ficha en el tenso tablero energético. Las eléctricas han enviado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, manifestando su «disposición» a extender la vida útil de la planta extremeña, desafiando el calendario de cierres escalonados pactado previamente.
Fuentes del Ministerio han confirmado la recepción de la misiva, aunque han querido restar trascendencia al anuncio, señalando que la comunicación «exclusivamente traslada su ‘disposición’ para ampliar el calendario de cierre», pero «no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación» formal.
El Gobierno mantiene una postura firme y subraya que su posición «no ha cambiado». Para que se estudie cualquier posible prórroga, las eléctricas deben cumplir con tres «líneas rojas» que se han mantenido desde el inicio del debate nuclear:
- Seguridad para las personas.
- Seguridad de suministro garantizada.
- No traer un mayor coste para los ciudadanos.
Almaraz, clave para el suministro nacional
La central de Almaraz tiene un peso significativo en el mix energético español, siendo responsable del 7% de la demanda eléctrica anual del país, generando el equivalente al consumo de 4 millones de hogares. El calendario actual establece el cese del primer reactor para el 1 de noviembre de 2027, mientras que el segundo lo haría el 31 de octubre de 2028.
El movimiento de las empresas llega justo en la antesala de un plazo crucial: el 1 de noviembre se acaba el tiempo para que las compañías envíen la documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que este organismo evalúe la viabilidad de la continuidad o el cierre del primer reactor.
Iberdrola (accionista mayoritaria con el 52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) ya habían avanzado, en el marco de la Junta de Administradores de CNAT, que estaban trabajando en una «gobernanza» para tramitar la petición conjunta. La propia Iberdrola ha defendido que la energía nuclear «es clave para la seguridad de suministro, la estabilidad de precios y la descarbonización», mientras que Naturgy ha abogado por una «miniprórroga» hasta 2030.
La presión política aumenta
La postura de las eléctricas es apoyada por el Partido Popular (PP), que ha alzado la voz contra la política de cierres. El PP ha criticado enérgicamente la decisión, calificándola de «disparate político» que pone en riesgo el futuro energético y económico de Extremadura.
El Ejecutivo se enfrenta así a una presión creciente para revisar el calendario de cierre nuclear, un debate que resurge en el contexto de la crisis energética y la necesidad de mantener la estabilidad del suministro, siempre bajo la estricta condición de no comprometer la seguridad ni la factura de los consumidores.
