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Herrera aboga por un acuerdo para formar gobierno

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha clausurado hoy la IV Edición del Curso Prensa y Poder, que se celebra en Aranda de Duero, con la ponencia ‘El futuro de España visto desde Castilla y León’. Durante su intervención, Herrera ha planteado que, tras haber acudido dos veces a las urnas en seis meses, es necesario contar cuanto antes con un Gobierno estable, puesto que las comunidades autónomas necesitan una interlocución “cierta y no en funciones”.

Según ha afirmado, esa estabilidad es necesaria para consolidar el actual escenario de crecimiento y que éste se traduzca realmente en la creación de más empleo de calidad, así como para la elaboración de los presupuestos para 2017.

Igualmente, hay que seguir respondiendo a las condiciones que exige la UE, y continuar impulsando las reformas que garanticen el futuro del actual estado del bienestar, incluyendo la sostenibilidad financiera de los grandes servicios públicos y del sistema de pensiones. Así como, según ha señalado, defender y mejorar el actual marco institucional de convivencia, asegurando el encaje de todos en España como Nación Constitucional.

Para lograr todo ello, Herrera ha insistido en que es el tiempo de que cada uno asuma sus responsabilidades para acabar con la actual interinidad, ya que unas terceras elecciones no sólo son “impensables”, sino también “indeseables”.

Así, ha mostrado su absoluta confianza en que los acuerdos entre los grandes bloques políticos de centro derecha y centro izquierda españoles, -que son además a quienes los ciudadanos han votado de forma muy mayoritaria-, son posibles. “Me niego a aceptar que exista ninguna maldición bíblica que haga imposible esos acuerdos”, ha afirmado tras señalar que es momento de “hablar bien de España”, ya que ante un entorno internacional complejo, ha demostrado su fortaleza a través de la resistencia a la crisis, siendo uno de los países que más crece de Europa.

En este punto ha recordado que Castilla y León es un buen ejemplo de diálogo y búsqueda de consensos: con un tercio de las leyes aprobadas por consenso durante la pasada Legislatura; con pactos en la actual para la Investidura y los Presupuestos, y con un gran Acuerdo político, hace hoy un año, en cuatro grandes cuestiones de Comunidad, así como otro con todos los Grupos sobre la futura financiación autonómica.

Desafíos institucionales, económicos y sociales

En cuanto a los desafíos a los que en este momento se enfrenta la sociedad española y por lo tanto la castellana y leonesa, Herrera se ha referido a los grandes desafíos institucionales, que incluirían plantear sin temor las oportunas reformas Constitucionales.

En este marco institucional, Castilla y León defenderá dos importantes reformas, como son la del actual sistema de financiación autonómica, que se ha revelado como un modelo ineficaz e ineficiente que condena a las comunidades autónomas a un déficit crónico, al cubrir apenas el 80 % del coste de los servicios públicos que prestan.

El nuevo modelo debería ponderar factores como la extensión territorial, la dispersión o el envejecimiento, que generan un coste mayor en esos servicios. Para ello, Castilla y León está buscando el apoyo de fuertes aliados, como son Galicia y Asturias.

En segundo lugar, el presidente de la Junta insistió en la necesidad de una nueva Ley Local que defina y asegure las competencias básicas de las entidades locales, así como una nueva financiación local que responda a esas competencias, en coordinación con la financiación autonómica.

Los desafíos económicos a los que se enfrenta España y Castilla y León, ypara los que es necesario un Gobierno estable con el que las comunidades puedan dialogar, pasan por reafirmar la actual senda de crecimiento que poco a poco se va traduciendo en creación de empleo. Para seguir consolidando esos datos, Castilla y León apuesta por reforzar la base industrial de su economía, con el objetivo de que la industria represente el 20 % del PIB. A ello contribuirá también el Pacto para la Reindustrialización, previsto en los Acuerdos de 2015, actualmente en negociación.

Asimismo, el presidente ha destacado la necesidad de consolidar la apertura al exterior de Castilla y León, donde serán importantes futuros acuerdos de libre comercio e inversiones, como el que la UE negocia con los Estados Unidos, que pueden suponer la oportunidad de ofrecer nuevos espacios de actividad y de intercambio.

En cuanto a las infraestructuras estatales todavía pendientes y necesarias para continuar avanzando en el desarrollo económico, Herrera ha recordado la importancia del despliegue de la AVE en toda su Red Norte y Noroeste, pero ha insistido en la necesidad de dar una solución a la llegada del AVE a Burgos, así como dar un nuevo impulso a la Autovía del Duero.

También es necesario que España se dote de un modelo energético inteligente, moderno, estable y diversificado, que garantice desarrollo de las energías renovables y limpias y que cuente con una presencia suficiente de las energías autóctonas, y en especial del carbón de Castilla y León, donde la Junta sigue reclamando el cumplimiento de los Acuerdos suscritos con los agentes del sector.

Por último, Herrera ha señalado la necesidad de que el crecimiento económico se vincule más intensamente a la solución del problema demográfico, que se sufre especialmente en Castilla y León, pero también en España y muchos otros países de la UE. En este punto, ha destacado la colaboración con otras comunidades autónomas y la propuesta al Estado de medidas concretas como el Fondo de Cohesión Demográfico.

En cuanto a los desafíos sociales a los que se enfrentan España y Castilla y León, Herrera ha insistido en que, tras una gravísima crisis económica y varios meses sin Gobierno en el Estado, la estabilidad social ha estado garantizada gracias en gran parte a que la gestión de los recursos públicos, la más directa y cercana al ciudadano, se encontraba descentralizada en las comunidades autónomas. Según ha destacado el presidente, Castilla y León es buen ejemplo de ello ofreciendo los más altos estándares de calidad en sus servicios públicos, según ponen de manifiesto distintos informes y organismos independientes, y aportando y garantizando recursos suficientes para ello.

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