FORO Asturias elevó este 14 de abril de 2026 la presión sobre el presidente del Principado, Adrián Barbón, al exigir el cese inmediato de Nieves Roqueñí como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. La formación vincula esa petición al informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, un documento que, según el propio Gobierno asturiano, servirá de base para corregir fallos en los mecanismos de control, inspección y supervisión de la actividad minera.
La ofensiva política fue liderada por la presidenta de FORO Asturias y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y por el secretario general y portavoz parlamentario, Adrián Pumares. Ambos sostuvieron que el informe deja “negro sobre blanco” una etapa marcada por falta de control, inspecciones ineficaces y un funcionamiento administrativo “claramente deficiente”. Además, atribuyeron ese escenario a decisiones adoptadas durante la etapa de Roqueñí en el área industrial del Principado y acusaron al Ejecutivo autonómico de haber “mirado para otro lado” y de “recolocar” a responsables en lugar de depurar responsabilidades.
El choque político llega en un momento especialmente sensible por el caso Cerredo, un asunto que también golpeó de lleno a León. RTVE recuerda que la explosión registrada el 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña, dejó cinco fallecidos y cuatro heridos. Entre las víctimas mortales figuraba un vecino de Torre del Bierzo, mientras que otros cuatro fallecidos procedían del valle de Laciana. Un año después, la investigación judicial seguía abierta y cuatro personas vinculadas a la empresa matriz Combayl continuaban imputadas.
FORO insiste en que el problema no responde a fallos aislados, sino a una dinámica estructural dentro del Servicio de Minas. Pumares defendió que ya había advertido públicamente de esa situación antes del accidente de Cerredo y sostuvo que el “caos” no fue casual, sino consecuencia de decisiones políticas mantenidas durante años. Con ese argumento, el partido intenta llevar el debate desde la gestión técnica del servicio hasta la responsabilidad política directa del Gobierno de Barbón.
Frente a estas acusaciones, el Principado comunicó el 6 de abril de 2026 que el informe de la Inspección General de Servicios incluye once recomendaciones. Entre ellas figuran la actualización de procedimientos, la implantación de herramientas digitales, un programa propio de inspecciones y la posible evaluación de refuerzos en el servicio. El Ejecutivo también anunció que remitirá el documento a la Fiscalía y a la comisión de investigación abierta en la Junta General.
En paralelo, la comisión parlamentaria sobre Cerredo mantiene su hoja de ruta. Según Europa Press, la mayoría rechazó reabrir el plazo de comparecencias el 13 de abril de 2026, por lo que el borrador del dictamen se espera para la última semana de abril y el informe definitivo podría quedar listo a finales de mayo. Ese calendario mantiene vivo un frente político que sigue creciendo y que ahora añade una nueva exigencia: la salida de Roqueñí del Puerto de Gijón.
