En una decisión que marca un punto de inflexión en la economía internacional, la Unión Europea ha aprobado por mayoría el acuerdo comercial con Mercosur. La votación, celebrada en el seno de los Veintisiete, se ha saldado con el respaldo de 21 países, entre los que destaca el voto afirmativo de España. Esta resolución pone fin a un proceso diplomático y burocrático que se ha extendido durante más de 26 años, consolidando la creación de la zona de libre comercio más grande del planeta.
La aprobación, no obstante, no ha sido unánime y refleja las sensibilidades internas del bloque comunitario. Francia, Austria, Polonia, Irlanda y Hungría han votado en contra de la propuesta, mientras que Bélgica ha optado por la abstención. A pesar de la oposición de este frente, la mayoría cualificada ha permitido que el texto definitivo salga adelante.
Un gigante comercial de 700 millones de personas La ratificación del tratado supone la integración comercial de dos bloques masivos. Por un lado, la Unión Europea, con sus 450 millones de habitantes; por otro, los países integrantes de Mercosur —Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay—, que suman más de 300 millones de ciudadanos.
La suma de ambas fuerzas da lugar a un mercado de más de 700 millones de personas sin barreras arancelarias significativas. Desde una perspectiva geopolítica, este movimiento se interpreta como una maniobra clave para Europa en un momento de inestabilidad global, permitiendo a los Veintisiete diversificar sus socios estratégicos y fortalecer lazos con Sudamérica frente a otras potencias globales.
Impacto económico y eliminación de aranceles El eje central del acuerdo reside en la supresión de las tasas aduaneras. Según las estimaciones de los expertos comunitarios, la caída de los aranceles en las exportaciones europeas y en las importaciones desde el Cono Sur permitirá a las empresas de la UE un ahorro superior a los 4.000 millones de euros anuales.
Esta liberalización no será inmediata, sino que se ejecutará de forma gradual en un plazo máximo de hasta 15 años. Para los consumidores europeos, el tratado promete un acceso a productos de importación a precios más competitivos, una medida diseñada para dinamizar el consumo interno.
Un camino tortuoso desde 1999 La luz verde al acuerdo cierra un capítulo iniciado oficialmente en 1999. Durante más de dos décadas, las negociaciones han atravesado cambios de gobierno en ambos lados del Atlántico, crisis económicas y redefiniciones políticas. Aunque en 2019 se anunció un principio de acuerdo político, no fue hasta 2024 cuando se logró cerrar el texto legal definitivo que ahora ha sido ratificado.
La indignación del campo europeo La noticia ha sido recibida con hostilidad por parte del sector primario. Agricultores y ganaderos de toda Europa, el colectivo más crítico con el tratado, han intensificado sus protestas en las carreteras continentales. Los profesionales del campo denuncian que la entrada masiva de productos sudamericanos provocará una caída drástica de los precios locales.
El argumento principal de las organizaciones agrarias se centra en la disparidad normativa. Mientras que los productores europeos deben cumplir con estrictos y costosos estándares medioambientales y sanitarios, aseguran que las normativas en los países de Mercosur son mucho más laxas. Esta diferencia, sostienen, genera un escenario de competencia desleal y nula competitividad que amenaza la supervivencia del tejido rural europeo.
