En el marco de una cumbre gubernamental en Dubái, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un órdago legislativo contra las grandes tecnológicas. España prohibirá por ley el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, elevando así el umbral actual que permitía el uso con consentimiento paterno desde los 14.
Un plan de cinco ejes contra la «impunidad»
Sánchez ha avanzado que el Consejo de Ministros dará luz verde a esta normativa la próxima semana, calificándola como un paso necesario para «garantizar un entorno digital seguro». El paquete de medidas no solo afecta a la edad de los usuarios, sino que apunta directamente al funcionamiento técnico y legal de las plataformas:
-
Algoritmos bajo lupa: Se tipificará como delito la manipulación de algoritmos que amplifiquen contenido ilegal.
-
Rastreo de odio: Creación de un sistema para identificar la «huella de polarización» en los contenidos virales.
-
Ofensiva legal: Acción conjunta con la Fiscalía para investigar infracciones de gigantes como Grok, TikTok o Instagram.
-
Veto por edad: Prohibición efectiva del uso de perfiles a menores de 16 años.
-
Alianza Europea: Integración de España en la ‘Coalición de los Dispuestos Digitales’ junto a otros cinco países de la UE.
«Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado», ha aseverado el presidente, señalando directamente a los directivos de las plataformas por la falta de control sobre sus productos.
España se suma a la tendencia global
Con este movimiento, España sigue la estela de Australia, que el pasado diciembre se convirtió en el primer país en implementar un veto total para menores de 16. Francia también ha legislado en este sentido, aunque con un límite fijado en los 15 años que entrará en vigor en septiembre, mientras que el Reino Unido estudia actualmente dar el mismo salto desde los 13 hasta los 16 años.
Hasta ahora, la normativa española era más laxa, permitiendo el acceso desde los 14 años bajo supervisión. El nuevo marco legal pretende eliminar las «zonas grises» y otorgar herramientas jurídicas para sancionar tanto a las empresas como a los responsables de los contenidos que fomenten la crispación social.
