La publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCYL) de dos plazas estratégicas —la Coordinación de Servicios de la Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial y la Jefatura del Servicio de Seguridad de la Información— ha vuelto a encender los ánimos en el sector tecnológico autonómico. Desde el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Castilla y León (CPIICYL) y la Asociación del Personal Informático de la Administración de Castilla y León (APIACYL) recuerdan que no se trata de una controversia puntual, sino del síntoma evidente de un mal endémico: el techo de cristal que sufre el personal informático de Castilla y León.
A pesar de ser los perfiles idóneos por experiencia y especialización técnica para asumir la gestión de estas áreas, estos profesionales tienen vetado el acceso a las plazas de responsabilidad por no ostentar la condición de funcionarios. Una anomalía en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que condena al personal laboral TIC a un estancamiento profesional indefectible, al tiempo que priva a la Administración autonómica del conocimiento acumulado durante años por quienes sostienen la arquitectura digital de la región.
Las consecuencias de mantener congelada esta reivindicación van más allá de la frustración individual:
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Fuga y rechazo del talento joven: La ausencia de una carrera profesional estimulante desmotiva a las nuevas promociones de ingenieros informáticos, que optan por el sector privado antes que ingresar en una estructura rígida y sin margen de ascenso.
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Estructuras obsoletas: El catálogo de puestos de la Junta lleva décadas desfasado, ignorando áreas emergentes y críticas como la inteligencia artificial, el gobierno del dato o la ciberseguridad avanzada.
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Sobrecarga y plantillas congeladas: Las cargas de trabajo se han multiplicado exponencialmente en los últimos años sin que la plantilla haya crecido en la misma proporción, tensionando la calidad de los servicios públicos digitales.
El escenario contrasta con los pasos dados por otras comunidades autónomas, que han acometido reorganizaciones integrales para dotarse de agencias o unidades especializadas dotadas de personal altamente cualificado y valorado. Con el arranque del nuevo ciclo político, ambas entidades instan al Ejecutivo autonómico a abandonar los parches provisionales y aprobar un Plan Director de la Informática Corporativa que fije un calendario cerrado para la funcionarización del colectivo.
Tanto el CPIICYL como APIACYL han reiterado su mano tendida para negociar la actualización de la RPT y el refuerzo de las plantillas. Sin embargo, advierten de que la ansiada modernización del servicio público será un mero decorado propagandístico si la Junta continúa dando la espalda a los especialistas que garantizan su funcionamiento diario.
