La gestión del deporte escolar en León se ha convertido en una carrera de obstáculos donde los perjudicados siempre son los mismos: los niños y jóvenes del medio rural. La resolución de la convocatoria para el próximo curso escolar ha vuelto a destapar las costuras de la Diputación de León, incapaz de adjudicar la totalidad del servicio de transporte. De los cinco lotes previstos, dos han quedado completamente desiertos, afectando de lleno al alfoz de León y a la comarca sur de Valencia de Don Juan, precisamente los puntos donde se concentra el grueso de las fichas deportivas.
Esta anomalía, lejos de ser un accidente logístico, es ya un mal endémico de la presente legislatura. El goteo de concursos fallidos está provocando un preocupante efecto dominó que se traduce en retrasos sistemáticos y cancelaciones de partidos en diversas disciplinas. El problema real no es la falta de transportistas, sino un pliego de condiciones desconectado de la realidad del mercado que ahuyenta a las empresas del sector.
Ante el vacío de gestión, la institución provincial ha optado por una vía tan cómoda como injusta: endosar el problema a la administración local. «Es un problema recurrente que estamos padeciendo y tenemos que resolver, finalmente, los ayuntamientos», denuncia David Fernández, portavoz del Partido Popular y alcalde de Valverde de la Virgen. Desde el municipalismo se observa con impotencia cómo una situación crítica se enquista sin que el Palacio de los Guzmanes aporte soluciones estructurales.
La delegación forzosa del servicio obliga a los municipios a hacer equilibrismos financieros. Localidades del área metropolitana como Navatejera, Sariegos, Trobajo del Cerecedo, La Virgen del Camino, Villaobispo y Villaquilambre, junto a núcleos del sur como Sahagún, Valderas, Laguna de Negrillos o la propia Valencia de Don Juan, se ven abocadas a contratar parches de urgencia para que sus jóvenes puedan competir el fin de semana.
La asfixia para las arcas locales es doble si se atiende a los plazos de reintegro. La experiencia del periodo anterior dictaminó que la Diputación no convocó las ayudas compensatorias hasta el mes de mayo, con el calendario escolar prácticamente visto para sentencia. Esta parsimonia administrativa obliga a los alcaldes a adelantar partidas presupuestarias municipales, una paradoja flagrante si se compara la modesta capacidad de los consistorios con una institución provincial que retiene más de 200 millones de euros en remanentes de tesorería sin ejecutar. Mientras los fondos duermen en el banco, el autobús del deporte base sigue sin arrancar.
