La tensión política en el Ayuntamiento de León sube de intensidad a cuenta de la gestión económica del Ayuntamiento de León. El portavoz del Grupo Municipal Popular, David Fernández, ha vuelto a la carga contra el alcalde, el socialista José Antonio Diez, acusándole directamente de llevar al consistorio a un escenario de «deriva financiera» que ya se traduce en el incumplimiento sistemático del periodo legal de pago a proveedores.
Esta denuncia llega apenas cuarenta y ocho horas después de que los populares desgranaran los informes del Plan Económico Financiero —solicitados formalmente el pasado 4 de mayo—, cuyos resultados apuntan a la necesidad drástica de acometer ajustes presupuestarios por un valor superior a los 33 millones de euros.
Vuelta a un pasado de facturas y retrasos
Para el principal partido de la oposición, el escenario actual no es nuevo, sino la preocupante repetición de viejos fantasmas contables. Fernández no ha dudado en calificar la actual administración como “la peor desde los tiempos del anterior gobierno socialista capitaneado por Francisco Fernández», etapa en la que el propio José Antonio Diez formaba parte del equipo de gobierno.
«Con este alcalde, los leoneses han tenido que volver a escuchar conceptos que creíamos ya enterrados para siempre, como ajustes, retrasos en los pagos o partidas sin financiación suficiente», lamenta el portavoz popular.
Aquel periodo al que hace referencia la oposición dejó una deuda heredada en las arcas municipales superior a los 400 millones de euros, una losa financiera que, según los populares, el consistorio «aún arrastra en la actualidad».
El semáforo rojo del Ministerio de Hacienda
El foco crítico de la denuncia popular se centra en los datos analizados durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio. La normativa estatal establece un límite máximo de 30 días para el Periodo Medio de Pago (PMP) a las empresas y autónomos que prestan servicios a la administración local. Un listón que León ha rebasado de forma sostenida.
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La anomalía: El Ayuntamiento lleva acumulado todo el año por encima del límite legal.
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El pico crítico: El último mes cerrado (abril) arroja una media de más de 33 días de demora.
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Las consecuencias: Riesgo de sanciones administrativas por parte del Ministerio de Hacienda y un serio deterioro de la reputación del municipio ante el tejido empresarial.
Para el PP, superar este plazo es el síntoma definitivo de una «pobre salud financiera» que lastra la confianza de los proveedores que suministran bienes y servicios a la ciudad.
Exigencia de estabilidad inmediata
Ante esta coyuntura, el Partido Popular ha urgido a la alcaldía a diseñar e implementar de manera inmediata las correcciones técnicas necesarias para enderezar el rumbo de las cuentas públicas y regresar a la senda de la estabilidad presupuestaria.
Fernández afeó la inacción del regidor leonés asegurando que «pasan los días y José Antonio Diez sigue sin tomar decisiones mientras la salud financiera se resiente cada día más». El portavoz concluyó con una advertencia de marcado tinte electoral, garantizando que su formación «no va a permitir que los socialistas vuelvan a dejar el Ayuntamiento al borde de la ruina como hicieron hace 15 años».
