El Grupo Parlamentario Popular ha elevado una firme advertencia sobre las posibles consecuencias de la Ley de Eficiencia de la Justicia impulsada por el Gobierno, asegurando que su aplicación está destinada a provocar un “colapso total” en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Ante este riesgo, el grupo ha logrado la aprobación de una moción consecuencia de interpelación para instar al Ejecutivo a revertir los aspectos más controvertidos de la reforma.
La iniciativa, defendida en la Cámara Alta por las senadoras Verónica Casal y Asunción Mayo, pide la supresión de la nueva competencia que atribuye a las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual, así como los relativos a la mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata con fines de explotación sexual, siempre que la víctima sea una mujer.
La senadora Verónica Casal denunció que la Ley Orgánica 1/2025 “amplía competencias sin dotación presupuestaria ni medios humanos y materiales suficientes”, señalando el “grave riesgo de colapso” al que el Gobierno de Pedro Sánchez está abocando a estos órganos judiciales. La representante popular instó al Ejecutivo a “atender las recomendaciones del CGPJ y evitar el colapso de los juzgados”, advirtiendo que “saturarlos no es estar con las víctimas, sino situarse en contra de ellas”.
El Partido Popular ha manifestado su “preocupación” ante unas medidas que, en su opinión, “lejos de mejorar el servicio público de Justicia, sobrecargan aún más unos órganos judiciales ya desbordados”. Casal recordó las constantes advertencias de los profesionales de la Justicia sobre la situación límite de los juzgados especializados, criticando que el Gobierno introduzca “reformas con un impacto organizativo y competencial enorme”.
La senadora gallega calificó la reforma como “temeraria y sin medios” en lugar de «valiente», detallando la necesidad inminente de más salas, equipos psicosociales, equipos forenses, funcionarios de tramitación y espacios para menores, y alertó de que todo esto “se pretende hacer a coste cero”. Casal citó las estimaciones del CGPJ, que prevén un aumento de la carga de trabajo de un 12,9%, llegando hasta el 20% en algunas comunidades, sin que el Gobierno haya dispuesto ninguna medida efectiva.
Finalmente, advirtió que una respuesta inadecuada del sistema podría derivar en una “pérdida de confianza por parte de las víctimas y de la ciudadanía”.
Por su parte, la senadora por León, Asunción Mayo, se sumó a la crítica, afirmando que la reforma aprobada “carece de medios” y provocará que los juzgados vean “doblada su carga de trabajo”. Mayo reprochó que el PSOE parezca “vivir en otra realidad ajena a lo que sucede realmente”.
La senadora leonesa fue más allá, avisando que esta reforma tendrá “consecuencias” que se manifestarán más tarde: “¿Cómo la Ley del sí es sí? ¿Cuándo veamos los terribles efectos que ha tenido? ¿Lo vamos a evaluar ahí?”, preguntó directamente a los socialistas.
Mayo recalcó la importancia de “volver al sistema anterior” para garantizar el mejor trato posible a las víctimas, tal como plantea la moción. Además, afeó al Gobierno de Sánchez su “feminismo de palabra”, contraponiéndolo al “feminismo de las obras” que, según el PP, se demuestra apoyando su iniciativa.
Para concluir, Mayo lanzó una advertencia a la bancada socialista: su voto en contra de la moción les hará “responsables” de las dilaciones indebidas que, al igual que ocurrió con la Ley del Solo Sí es Sí, se traducen en rebajas de condena. “Esa es la protección a las víctimas que están ustedes apoyando con su negativa a votar a favor de nuestra moción”, sentenció.
