El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encendido las alarmas sobre el anteproyecto de ley que busca regular el secreto profesional de los periodistas, un derecho blindado por la Constitución. En una decisión adoptada en el Pleno de este miércoles, el órgano de gobierno de los jueces ha aprobado un informe contundente y muy crítico con la iniciativa impulsada por el Ministerio de Presidencia y Justicia.
El informe, elaborado por las vocales Lucía Avilés (progresista) e Isabel Revuelta (conservadora), subraya las «insuficiencias y fallas» tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la ley. La conclusión principal es clara: la norma ofrece una «protección más débil» al secreto profesional de la que «debe ofrecer nuestro ordenamiento jurídico».
Un «descenso de las barreras de protección»
Una de las críticas más severas se centra en las condiciones que establece el anteproyecto para limitar este derecho. El CGPJ considera que son «imprevisibles» y que la norma «genera un indeseado descenso de las barreras de protección del secreto profesional».
El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2025, permite a jueces y tribunales ordenar diligencias para identificar la fuente de información si está justificado por una «razón imperiosa de interés general» y es proporcionado.
No obstante, el artículo 5 establece supuestos concretos de limitación, acotándolo a:
- Ser el único medio para evitar un daño grave e inminente a la vida, integridad física o seguridad de las personas.
- Ser la única forma de evitar un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional.
El CGPJ reprocha que el anteproyecto «hace imprevisible para sus titulares saber qué fines justifican la restricción del derecho» y ve falta de claridad en las «reglas de prevalencia» cuando el secreto profesional choca con otros derechos.
Conflictos de competencia y normativa europea
El informe también señala problemas de acomodación con el Reglamento europeo sobre el secreto periodístico, alertando de que la ley redactada por el Gobierno no respeta la necesidad de una protección «más elevada» de la que fija la Unión.
Además, el Consejo General del Poder Judicial apunta a una paradoja en el ámbito penal. Según el anteproyecto, el juez penal «resulta más constreñido» para acordar medidas restrictivas del secreto profesional que los jueces de otros órdenes jurisdiccionales. Una situación que el CGPJ califica de «contraintuitiva», dado que es en el proceso penal donde se concentra la mayoría de los conflictos.
En resumen, la institución exige que se concrete y se dote de «mayor seguridad jurídica y certidumbre» a los límites impuestos, y que se aclare si el «interés constitucional» de averiguar hechos delictivos debe constituir un fin legítimo para restringir el secreto profesional.
