Hay realidades tan oscuras que cuesta asomarse a ellas sin sentir un escalofrío de indignación. El maltrato físico es devastador, la violencia psicológica anula por completo, pero hay un peldaño superior en la escala de la crueldad que subvierte las leyes más básicas de la naturaleza humana: utilizar a tus propios hijos como un mero instrumento, un objeto de usar y tirar, con el único fin de infligir el máximo dolor posible a la mujer que un día fue tu pareja. Eso es la violencia vicaria. Una perversión del rol paterno que este viernes convirtió a León en el centro de debate nacional.
La II Jornada Stop Violencia Vicaria, organizada por la Delegación del Gobierno en la Comunidad junto a la asociación que da nombre a la cita, no se anduvo con rodeos protocolarios. Los datos que se pusieron sobre la mesa no permiten mirar para otro lado ni perder el tiempo en discursos vacíos de despacho. Las cifras del sistema VioGén pinchan los globos de cualquier complacencia institucional.
La insoportable frialdad de las estadísticas de riesgo
Hablemos de la realidad de nuestro territorio. Actualmente, el registro oficial contabiliza 5.496 casos violencia de género castilla y león en activo. Si desgranamos ese número, la perspectiva se vuelve todavía más delicada: 2.690 corresponden a mujeres que tienen menores a su cargo.
El dato que debería quitarnos el sueño es que 113 niños y niñas de la Comunidad están catalogados en situación de riesgo de sufrir violencia vicaria de forma directa. En lo que respecta a la provincia de León, los expedientes activos ascienden a 915. No son expedientes teóricos, son vidas reales con nombres y apellidos que necesitan que el engranaje del Estado funcione sin un solo fallo.
Por el Salón de Actos pasaron voces con mucha experiencia en las trincheras judiciales y policiales. Desde María Eugenia Prendes, fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, hasta Rosa Guiralt, fiscal del Tribunal Supremo, pasando por especialistas de los equipos EMUME de la Guardia Civil y de la UFAM de la Policía Nacional. Todos coincidieron en lo mismo: ante esta variante del maltrato, los protocolos tradicionales a veces llegan tarde.
La detección precoz como único escudo real
Jessica Martínez Sánchez, al frente de la Unidad de Coordinación regional, insistió en una idea clave que recorrió toda la jornada: la necesidad de la detección precoz. Cuando el agresor decide dar el paso definitivo utilizando al menor, las alertas ordinarias ya no bastan. Se necesita una mirada multidisciplinar donde la pediatra de atención primaria, el profesor del colegio, el policía local y el juez de guardia compartan la misma información de manera inmediata.
La cita sirvió también para dar voz a las demandas de las asociaciones que, como la presidida por Andrea Cabezas Mateos, asisten a diario a madres que viven con el corazón en un puño cada vez que llega el fin de semana de custodia compartida. Proteger el interés superior del menor no puede ser solo una frase bonita para cerrar una ley; exige recursos, formación específica para que los jueces sepan leer los indicadores invisibles del riesgo y, sobre todo, la valentía de entender que un maltratador jamás podrá ser un buen padre.
