León vive un verano de pesadilla. Una oleada de incendios forestales sin precedentes está arrasando vastas extensiones de sus comarcas más emblemáticas: El Bierzo, La Cabrera, Laciana, Valdería, Picos de Europa, Omaña y Maragatería, entre otras. El humo cubre el cielo de la provincia y la desesperación se palpa en el ambiente, avivada por la percepción de que los medios disponibles no son suficientes para hacer frente a la magnitud de la catástrofe.
Ante esta situación crítica, el Partido Comunista de León (PCE) ha decidido dar un paso al frente. La formación ha registrado formalmente ante el Ministerio del Interior una petición para que la situación se eleve a la categoría de Emergencia de Interés Nacional (Nivel 3). Esta declaración, prevista en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, permitiría la intervención directa de medios materiales y humanos del Gobierno central, al entender que los recursos de la comunidad autónoma han sido desbordados.
Desde el PCE se subraya que se ha informado a la dirección nacional del partido y que existe un contacto permanente con sus miembros en el seno del Gobierno de España para promover todas las actuaciones posibles. «Lo importante ahora mismo es salvar vidas, los pueblos y las zonas afectadas», afirman desde la organización, denunciando que la Junta de Castilla y León «parece que tiene otras prioridades».
La polémica por las competencias y las acusaciones de «intervención»
La iniciativa del PCE pone el foco en la gestión del Gobierno autonómico, presidido por Alfonso Fernández Mañueco. Las competencias para la gestión de los incendios y la solicitud de elevación del nivel de emergencia recaen en la Junta. Por ello, una petición de estas características por parte de un partido político al Ejecutivo central implica, en la práctica, «intervenir al Gobierno de Mañueco», tal como señala el propio PCE.
El partido argumenta que lo «lógico» y lo esperado era que la propia Junta hubiera solicitado la declaración del Nivel 3. La situación se ha visto agravada con el trágico fallecimiento de tres personas en la provincia mientras intentaban sofocar los incendios, una señal inequívoca, según los comunistas, de que los medios autonómicos «ya se han visto claramente desbordados».
A pesar de la gravedad de los hechos, desde el PCE se critica la postura del Gobierno autonómico, asegurando que ni Mañueco ni el Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, «van a solicitar la intervención del Gobierno Central». La formación insiste en que para la Junta «es más importante la confrontación con el Ejecutivo de Sánchez» que la seguridad de los ciudadanos y la protección del territorio. Un duro reproche que resume en una frase lapidaria: «Mañueco está impidiendo la llegada de medios para la extinción de incendios por pertenecer a un Gobierno de otro color».
Críticas a la gestión y la privatización
Más allá de la actual crisis, el PCE eleva sus críticas hacia la gestión forestal de la Junta en los últimos años. La organización asegura que los profesionales del medio ambiente y los bomberos forestales han advertido en numerosas ocasiones del riesgo de sufrir catástrofes de esta magnitud.
En el punto de mira del PCE se encuentra la privatización de los medios de extinción. La formación señala que la Junta ha fragmentado la gestión de estos servicios entre más de 30 empresas diferentes. Según los comunistas, el objetivo de estas compañías es la «maximización de beneficios», lo que, en la práctica, se traduce en un «recorte sistemático de medios en pos del aumento del beneficio empresarial». Una política que, según el PCE, ha debilitado el dispositivo de extinción y ha hecho a la provincia más vulnerable a los incendios.
Petición de dimisiones y la ausencia de los responsables
La situación ha llevado al PCE a exigir responsabilidades políticas. La formación considera que estos graves acontecimientos deben cobrarse la dimisión de los «máximos responsables de la prevención y la gestión». En concreto, señalan directamente al Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz.
El PCE acusa a Suárez-Quiñones y Arranz de una gestión negligente que ha desembocado en la actual situación. Además, lanzan una seria acusación contra el segundo, al que aseguran que «está desaparecido». Una crítica que resuena con la percepción de la ciudadanía, que reclama respuestas y soluciones urgentes ante la devastadora ola de incendios que asola la provincia de León.
La pelota está ahora en el tejado del Ministerio del Interior. La petición del PCE abre la puerta a un escenario de intervención del Gobierno central, una medida que, de producirse, ahondaría en el enfrentamiento político entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España. Mientras, las llamas no dan tregua y la población de las zonas afectadas clama por un plan de acción contundente que ponga fin a esta pesadilla.
