Los datos del paro de este mes de enero conocidos esta mañana reflejan un fuerte incremento de 800 personas en las listas de desempleo respecto al mes anterior (+3.67%). León se sitúa así con 22.595 desempleados. Por otro lado, en el cómputo anual, la provincia registra un descenso del paro de 626 personas (- 2.70%).
Por sectores, de nuevo son los servicios los que lideran esta destrucción de empleo en la provincia, registrando 680 desempleados más. Le sigue construcción (+60), agricultura (+39), industria (+14) y el colectivo sin empleo anterior (+7).
Además, desciende también la afiliación a la Seguridad Social en 2.170 personas respecto al mes anterior (-1.29%) aunque si tenemos en cuenta los datos en el cómputo anual, la provincia gana 2.324 afiliados (+1.42%).
Estos datos conocidos esta mañana responden en buena parte al fin de la campaña navideña por lo que la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) espera que estas cifras se recuperen de cara a este 2025. Sin embargo, advierte que la actual incertidumbre regulatoria y las recientes medidas en el ámbito laboral podrían afectar negativamente a la creación de empleo en 2025.
Uno de los factores que genera mayor inquietud es la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que supone un incremento significativo de costes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Estas representan más del 95% del tejido empresarial y no han visto compensado su nivel de productividad de la misma manera, sino todo lo contrario.
Además, la federación pone de manifiesto la falta de medidas que atiendan las necesidades organizativas y productivas de las empresas. En lugar de favorecer un entorno propicio para el crecimiento del empleo, la Tesorería General de la Seguridad Social ha incrementado su recaudación un 9% un año más, lo que supone una mayor carga para empresas y trabajadores. A ello se une la posible reducción de la jornada laboral. Ambas medidas supondrían un incremento de costes para las empresas que, en algunos casos, llegaría al 10 %.
FELE insiste en que, para garantizar un crecimiento sostenible del empleo, es fundamental aplicar políticas que fomenten la competitividad empresarial y alivien las cargas económicas que dificultan la contratación. Todo ello en el marco del Diálogo Social y no dejando al margen de las decisiones económicas a la parte empresarial.
