Caminar por la falda calcinada que une Burgohondo con El Barraco deja una boca de estómago apretada. El paisaje huele a humo viejo, a brezo achicharrado y a ese silencio denso que sucede a las catástrofes. Sin embargo, en el salón de plenos del Ayuntamiento de El Barraco, el ambiente no es de duelo vacante, sino de trabajo operativo.
Allí no hay moqueta ni aire acondicionado de sede central. Se escuchan voces curtidas. Ignacio de la Fuente, director general de Caza, Pesca y Medio Rural, junto a David González (ITACyL) y Teodoro Sánchez, responsable territorial de Agricultura en Ávila, flanquean una mesa donde se sientan los alcaldes de la zona —José María Manso y Armando García—, representación de la Federación de Caza de Castilla y León a través de Emiliano Sastre, e integrantes del Asocio de Ávila.
El motivo de la cita parece burocrático, pero encierra una lección botánica y social de primer orden: negociar las bases financieras y operativas para devolverle la pulsación biológica al monte.
Ardió más del 50 % de la superficie de varios cotos. Una catástrofe. La respuesta clásica del sistema suele ser el trámite lento, pero esta vez la urgencia impuso otra cadencia. Agua. Pienso. Paja. Abrevaderos portátiles. Desplegar esa logística de choque en las primeras horas no solo evitó la mortandad masiva del ganado; salvó literalmente a la fauna silvestre. Y aquí salta la primera paradoja que irrita a los teóricos de salón: los mismos comederos y puntos de hidratación instalados por los cazadores fueron utilizados por corzos, jabalíes, zorros, rapaces y pequeñas aves no cinegéticas.
Nadie pide carné de especie para beber en un pilón provisionado a mano.
La recuperación de cotos de caza tras incendios exige dejar de lado las trincheras ideológicas. Durante semanas, redes de voluntarios del ámbito cinegético gastaron su propio combustible y quemaron sus horas libres para colocar tolvas y repasar manantiales secos. Conocen cada regato, cada paso de cumbre, cada sombra. Pretender diseñar un plan de restauración ecológica ignorando esa radiografía botánica e hidrológica que atesoran los locales es abocar el proyecto al fracaso.
El plan pactado en la comarca abarca medidas inmediatas. Exención de tasas de matriculación para los terrenos devastados en más de la mitad de su área durante el curso 2026-2027. Siembras de otoño específicas para fijar suelo y dar de comer. Restitución manual de manantiales y entablillados. Pero hay más. La superposiciones de crisis obligan a planificar controles poblacionales puntuales de caza mayor. Si el monte quemado no ofrece refugio ni alimento, las tropas de cérvidos y jabalíes bajan en hordas hacia los viñedos y las huertas del valle, provocando pérdidas agrarias devastadoras y riesgos sanitarios por contacto con la cabaña ganadera. Gestionar es equilibrar, no mirar hacia otro lado.
Hay un impacto del que pocos hablan fuera de los pueblos: la cartera. La actividad cinegética no es un capricho de fin de semana; representa el motor térmico de la hostelería, las gasolineras, los comercios y las casas rurales de la sierra abulense durante los meses más duros del invierno. Si el acotado se muere, el bar del pueblo echa la persiana metálica. Así de simple.
La administración autonómica se ha comprometido a aligerar el papeleo administrativo para que el dinero de las ayudas llegue antes de que las lluvias erosionen del todo las laderas moliendo la capa fértil. Es un buen paso. Ahora toca fiscalizar que la burocracia no ahogue la buena voluntad técnica alcanzada en la mesa de El Barraco. La naturaleza regenera sus cicatrices con paciencia, pero el tejido social de la España interior no dispone de tanto tiempo.
