El voto de los españoles que residen en el extranjero, formalmente conocido como CERA (Censo de los Residentes Ausentes que Viven en el Extranjero), se ha convertido en el nuevo campo de batalla de la política nacional. El ruido ambiental ha crecido en las últimas semanas con acusaciones cruzadas y sombras de sospecha lanzadas desde la oposición, que apunta a un posible «pucherazo» orquestado a través de la conocida como ‘Ley de nietos’.
Esta normativa, que permite adquirir la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados antes de 1978, ha provocado que más de dos millones de personas soliciten el pasaporte español.
El censo exterior engorda a ritmo de vértigo. Sin embargo, en el periodismo de investigación los datos deben pesar más que los relatos. Y la matemática electoral cuenta una historia muy diferente a la del fraude masivo.
El fin del voto rogado: más facilidades, misma apatía
Es incuestionable que la relevancia del voto exterior ha cambiado desde la reforma de 2022, que eliminó el engorroso sistema del «voto rogado». Aquella gymkana burocrática desplomó la participación a mínimos históricos. Al eliminarse las trabas, el flujo de papeletas ha ido al alza de forma consecutiva:
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Elecciones abril 2019: 5,64% de participación.
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Elecciones noviembre 2019: 6,85% de votantes.
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Elecciones julio 2023: 8,95% de votos.
A pesar de esta tendencia ascendente, el peso real del sufragio exterior sigue estando muy lejos de poder volcar unas elecciones generales de forma sistémica. El censo oficial cifró en 2,7 millones los electores inscritos fuera de nuestras fronteras.
Hagamos números. Si la participación histórica no logra romper la barrera del 10%, el universo real de votos emitidos se mueve en el entorno de las 200.000 o 250.000 papeletas. Un botín escaso si se dispersa de forma heterogénea por las 52 provincias españolas.
El verdadero peligro: la ruleta rusa de los últimos escaños
Que no pueda dar un vuelco total al Gobierno no significa que el voto exterior sea inocuo. Su verdadera fuerza radica en la carambola de los últimos restos del sistema d’Hondt.
Al ser el último censo en escrutarse (días después de la noche electoral), el voto CERA opera como un jugador de póker que muestra sus cartas al final de la partida. En provincias medianas o grandes, donde un escaño se decide por apenas unos puñados de votos, la diáspora sí puede inclinar la balanza y cambiar los bloques de investidura.
El ejemplo más nítido se vivió en julio de 2023: el recuento definitivo del CERA le arrebató un diputado al PSOE en la Comunidad de Madrid para entregárselo al PP, obligando a Pedro Sánchez a necesitar el voto afirmativo de Junts en lugar de la abstención.
¿Significa esto que el voto exterior beneficia por defecto a las siglas de la izquierda? Rotundamente no. El comportamiento de este censo es impredecible y varía según el territorio y la coyuntura. En las últimas elecciones autonómicas de Andalucía, el PSOE fue la fuerza más votada en el extranjero, pero el volumen no fue suficiente para arañar ningún escaño extra frente a la mayoría del PP.
El sesgo ideológico de la nueva diáspora
La tesis del pucherazo sostenida por ciertos sectores de la derecha tropieza también con una contradicción sociológica. La ‘Ley de nietos’ está sumando miles de nuevos electores procedentes, de forma mayoritaria, de países de América Latina como Venezuela, Argentina o Cuba.
Se trata de sociedades que, por su contexto político local reciente, muestran una fuerte polarización y una tendencia generalizada hacia posiciones más alineadas con el centroderecha y el liberalismo económico. Pensar que el aumento del censo exterior se traduce automáticamente en una fábrica de votantes socialistas es un error de bulto en el análisis de datos.
El impacto del voto CERA en las elecciones de España seguirá siendo el juez de línea de nuestra democracia: decisivo para los detalles y los fueras de juego institucionales, pero incapaz, por sí solo, de alterar el resultado de un partido donde juegan millones de personas en suelo nacional.
