La Administración de Donald Trump ha publicado su informe anual sobre la situación global de los derechos humanos, un documento que ha generado un amplio debate por su marcada inclinación política. A diferencia de la versión de la Administración de Joe Biden, este nuevo informe ha adoptado una postura más indulgente con países considerados aliados, mientras que ha intensificado las críticas hacia aquellos que percibe como adversarios.
Uno de los puntos más destacados, y que ha sorprendido a la comunidad internacional, es la mención de España. El documento del Departamento de Estado incluye a la ex ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, y censura sus manifestaciones críticas contra Israel. Específicamente, el informe menciona un evento organizado por Belarra en el Congreso de los Diputados, donde se acusa a los oradores invitados de «glorificar el ataque de Hamás» y de «afirmar que Israel no tenía derecho a existir».
Además de las críticas a Belarra, el informe advierte a España sobre el efecto perjudicial de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como «ley Mordaza«. El documento reitera las preocupaciones de ediciones previas y se alinea con la postura de Amnistía Internacional, que considera que esta ley es restrictiva para los derechos fundamentales.
El contraste con El Salvador, Israel y Rusia
La reorientación de la política exterior estadounidense en materia de derechos humanos se hace evidente al comparar las evaluaciones de los países. En el caso de El Salvador, el informe de Trump indica que «no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos», un contraste notable con el informe de 2023, que documentaba torturas y malas condiciones en centros penitenciarios bajo el mandato de Nayib Bukele.
Respecto a Israel, el documento elimina las críticas previas a la reforma judicial de Benjamín Netanyahu y, aunque menciona denuncias de ejecuciones extrajudiciales de palestinos, también destaca los mecanismos adoptados por el Ejecutivo israelí para investigar abusos. En el caso de Rusia, el informe mantiene las acusaciones de crímenes de guerra en Ucrania pero omite las referencias a la persecución de la comunidad LGTBI, una crítica que sí se había incluido en años anteriores.
Brasil y Sudáfrica, en el punto de mira
En contraposición, el informe endurece su postura con países considerados adversarios políticos. Brasil es señalado por un «declive» en la situación de los derechos humanos, en gran parte debido a los procesos penales contra el líder ultraconservador y socio de Trump, Jair Bolsonaro. De manera similar, Sudáfrica es denunciada por un «deterioro significativo» en la materia, vinculándolo a políticas de expropiación de tierras a la minoría afrikáner de origen europeo.
El informe también dedica apartados a Venezuela, China e Irán, donde se mantienen acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos, como el empeoramiento del panorama político en Venezuela, el genocidio contra la minoría uigur en China y la ejecución de personas en Irán.
