La política de suelo residencial en Castilla y León suma un nuevo proyecto de titularidad pública. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha formalizado una dotación de 25 millones de euros para levantar 161 viviendas públicas de alquiler asequible y protección permanente en Valladolid. La construcción se canalizará mediante el organismo CASA 47 y se ubicará en una parcela de la calle Universo, suelo que formaba parte del activo inmobiliario de la Sareb.
Durante una visita técnica a una promoción de 50 inmuebles para jóvenes cofinanciada con 2,5 millones de euros de los fondos Next Generation EU, la ministra Isabel Rodríguez detalló la hoja de ruta en la capital vallisoletana. Además del proyecto de la calle Universo, el departamento de Vivienda ultima la adjudicación de las obras de demolición en las instalaciones de La Rubia, tras recibir cuatro propuestas técnicas para transformar los antiguos cuarteles militares en suelo residencial.
El despliegue presupuestario en la comunidad autónoma alcanza los 670 millones de euros bajo la actual administración central, una cifra que ha permitido la movilización de 16.500 viviendas, entre las que se contabilizan 2.000 unidades de nueva planta y más de 16.600 actuaciones de rehabilitación. En el ámbito municipal de Valladolid, los recursos asignados por el Ejecutivo estatal ascienden a 72 millones de euros, con una repercusión directa sobre 4.000 inmuebles, incluidos 850 pisos de nueva construcción.
La titular de Vivienda abordó también el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para asegurar la protección de colectivos vulnerables, con especial énfasis en la cobertura habitacional para víctimas de violencia machista. En referencia a los debates surgidos en la región sobre la gestión de estos recursos públicos, la ministra señaló la necesidad de garantizar el cumplimiento de las líneas de ayuda destinadas a facilitar el acceso a un hogar seguro a las mujeres en situación de riesgo.
Esta posición institucional se alinea con la reunión mantenida por el ministerio con el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, quien transmitió al Ejecutivo su análisis sobre los riesgos de discriminación en el acceso a recursos residenciales por parte de administraciones locales o autonómicas. Desde el ministerio sostienen que la aplicación de los planes de vivienda responde a los compromisos internacionales suscritos por España y al marco normativo de la Constitución Española.
