Las advertencias sobre el almacén de residuos peligrosos con amianto en el polígono de Villacedré han dejado de ser una simple batalla política para convertirse en un hecho documentado. La Diputación ha emitido un informe técnico ambiental demoledor que tacha la propuesta de la empresa promotora como «técnicamente insuficiente, peligrosa y carente de las garantías mínimas exigidas por la ley».
El pronunciamiento no ha caído del cielo. La presión del grupo municipal del Partido Popular, que forzó un pleno extraordinario el pasado mes de abril, sumada a la firme movilización de más de 2.100 vecinos de Santovenia de la Valdoncina, obligó a fiscalizar un expediente que naufraga en aspectos esenciales de seguridad.
Los fallos detectados no son meros despistes de oficina. El dictamen de los técnicos señala lagunas graves: la empresa no justifica la capacidad real de almacenamiento, oculta cómo gestionará los filtros de aire saturados de fibras que generará la propia instalación y omite cualquier protocolo serio para impedir que se rebasen los límites legales de exposición laboral y ambiental. Por si fuera poco, el flujo de materiales carece de un control riguroso, lo que abre la puerta a vertidos o fugas accidentales en la zona.
La dimensión del problema asusta por su cercanía. Se habla de manipular hasta 528 toneladas anuales de amianto —con un estanque simultáneo de 48 toneladas— a escasos metros de zonas residenciales, un centro educativo y un parque infantil. El amianto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un cancerígeno del Grupo 1. No hay margen para el ensayo y error cuando lo que se respira en el patio de un colegio está en juego.
Pese a la contundencia de los datos, la respuesta del equipo de gobierno local roza la pasividad. Tres meses después de comprometerse a llevar el expediente a la Comisión Informativa de Urbanismo —el cauce legal con mayor capacidad de frenado en el municipio—, la reunión sigue sin fecha en el calendario.
Esta parálisis del ayuntamiento deja la salud de los vecinos en un limbo burocrático inaceptable. El portavoz popular, Fernando Rodríguez, ha exigido la convocatoria inmediata de dicha comisión para emitir el informe negativo correspondiente y activar una vigilancia estrecha sobre cualquier movimiento en la parcela. Cuando la ciencia advierte del peligro, la inacción política deja de ser prudencia para convertirse en irresponsabilidad.
