El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios, una normativa que busca modernizar y hacer más ecológica la gestión de la fertilización en el campo español. La medida, que ha contado con el respaldo de organizaciones como UPA y Unión de Uniones, ha generado una fuerte controversia, siendo duramente criticada por ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) por considerarla una carga burocrática excesiva e innecesaria para el sector primario.
Novedades Clave del Real Decreto
El decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), impone una serie de obligaciones progresivas destinadas a garantizar una gestión más precisa y sostenible de los nutrientes aplicados a la tierra:
- Plan de Abonado Obligatorio: A partir del 1 de enero de 2026 (y escalonadamente hasta el 1 de septiembre de 2026), todas las explotaciones deberán contar con un plan de abonado detallado.
- Registro Mensual en el Cuaderno de Explotación: El registro de todas las labores de fertilización en el cuaderno de explotación (digital o en papel) será obligatorio desde el 1 de enero de 2026, con algunas excepciones.
- Asesoramiento Técnico Obligatorio: Se exigirá la contratación de asesoramiento técnico en fertilización de forma escalonada, empezando un año después de las fechas anteriores para las unidades de producción en zonas vulnerables a nitratos, y dos años más tarde para el resto.
- Modificación en la Gestión de Estiércoles: Se introducen nuevos requisitos para la aplicación de estiércoles, limitando su distribución localizada en ciertas zonas, salvo en parcelas pequeñas o no colindantes.
El Grito de alarma de ASAJA: Burocracia y costes
La principal crítica de ASAJA se centra en el incremento desmesurado de la burocracia, los costes y las cargas administrativas que esta normativa impone a agricultores y ganaderos, muchos de los cuales son pequeñas y medianas explotaciones. La organización lamenta que el Ministerio de Agricultura haya ignorado sus propuestas de simplificación, que incluían:
- Exclusión por Tamaño: Pedían excluir de las obligaciones a las explotaciones de regadío de hasta 15 hectáreas y a las de secano de hasta 30 hectáreas.
- Simplificación de Plazos: Solicitaban suprimir la obligación de registrar la fertilización en un plazo máximo de un mes, por considerarlo una presión injustificada.
- Apoyo Tecnológico: Reclamaban el reconocimiento oficial de un programa informático gratuito por parte de las administraciones para elaborar los planes de abonado, evitando la necesidad de contratar un asesor.
ASAJA insiste en que el sector ya cumple sobradamente los estándares medioambientales de la Unión Europea y ve esta nueva norma como una imposición que no aporta soluciones reales a los desafíos medioambientales, sino que solo añade trámites y costes.
Preocupación por el control y el Régimen Sancionador
Otro punto de fricción es la preocupación de ASAJA por la posibilidad de que el Real Decreto abra la puerta a futuras inspecciones técnicas de abonadoras y aperos de fertilización. Consideran esta medida injustificada, argumentando que la mayoría de las zonas agrícolas ya operan bajo las normativas de zonas vulnerables por nitratos.
Además, la organización agraria ha solicitado la supresión del actual régimen sancionador asociado, que prevé la aplicación simultánea de hasta siete leyes y dos reales decretos, además de las normativas autonómicas, lo que tildan de una presión legal y económica insostenible.
En un intento por mitigar el impacto, ASAJA había propuesto que la aplicación del Real Decreto se retrasara hasta que el Ministerio publicara las guías de buenas prácticas en fertilización y se pusiera en marcha un programa formativo que divulgara la información entre los profesionales del campo.
Conclusión: Entre la regulación ambiental y la sostenibilidad económica
El Real Decreto 1051/2022 representa un intento del Gobierno por alinear la agricultura española con los objetivos de sostenibilidad ambiental europeos, focalizándose en la eficiencia del uso de los nutrientes y la protección contra la contaminación por nitratos.
Sin embargo, para una parte significativa del sector, representada por ASAJA, el camino elegido es el de la hiperregulación. El dilema central se sitúa entre la necesidad de una gestión agraria más ecológica y la sostenibilidad económica de las explotaciones, que ven cómo el aumento de la burocracia y la necesidad de nuevo asesoramiento técnico impactan directamente en sus costes de producción y en la viabilidad de su actividad.
