El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha manifestado su «consternación» por los devastadores incendios que han arrasado varias provincias de la comunidad, y ha anunciado que solicitará al Gobierno de España una medida excepcional: que todos los damnificados tengan acceso a asistencia jurídica gratuita. El objetivo es que no necesiten acreditar la insuficiencia de recursos, dado que muchos han sufrido pérdidas patrimoniales totales.
Según el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, esta medida es crucial para que las víctimas puedan iniciar «procedimientos de reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración pública o procedimientos penales» contra los autores de los incendios. Santocildes subraya que en muchos casos, los afectados han perdido toda su documentación, por lo que pedirles que demuestren su situación económica sería una barrera injusta.
El CACYL ha querido mostrar su «solidaridad plena» con las personas y los territorios afectados, y ha hecho un llamado a la «coordinación y el entendimiento leal» entre todas las administraciones para mitigar los efectos de la tragedia. La institución ha destacado que la cooperación interinstitucional es vital para la recuperación de los territorios y para garantizar el apoyo a las familias que lo han perdido todo.
Por otro lado, en una reunión reciente del Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del CACYL, se ha propuesto reforzar las fiscalías de Medio Ambiente en cada provincia. Los abogados argumentan que esta medida es necesaria para hacer frente a la magnitud de este tipo de catástrofes y para proteger el patrimonio rural. El Consejo ha elogiado el «profundo sentimiento de arraigo» y el «firme compromiso» de la población rural en la defensa de sus territorios.
