El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 10 de noviembre de 2026, la creación del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. La medida, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, busca mantener la atención a las personas afectadas y a sus familiares a medio y largo plazo.
El defensor de víctimas del transporte tendrá carácter estable y permanente. Su labor dará continuidad al acompañamiento cuando se retiren los dispositivos de emergencia, con el objetivo de garantizar una asistencia psicológica, social y jurídica continuada.
Además, tendrá rango de subsecretario dentro del Ministerio. Esta posición le permitirá coordinar actuaciones, requerir información a otros organismos y reclamar respuestas sobre la atención que reciben los afectados.
Qué accidentes atenderá el defensor de víctimas del transporte
Su ámbito de actuación incluirá los accidentes del transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús.
La nueva figura también podrá intervenir en servicios autonómicos y locales. Para ello, deberá establecer acuerdos de colaboración con las administraciones competentes.
El real decreto recoge una definición amplia de víctima. Abarca a quienes fallecen, desaparecen o resultan heridos, así como a las personas que sufren daños psicológicos. También incluye a familiares, allegados y personas dependientes de la víctima, en la medida en que el accidente les afecte directamente.
Información sobre ayudas, derechos y reclamaciones
El defensor actuará como interlocutor de referencia para las víctimas y sus familias ante las administraciones, organismos y entidades implicadas.
Entre sus funciones estará orientar sobre los derechos de los afectados y cómo ejercerlos. Asimismo, informará acerca de las ayudas disponibles, las reclamaciones de daños, el acceso a la justicia gratuita y los derechos económicos. También facilitará apoyo emocional y terapéutico.
Por otra parte, colaborará en la elaboración de protocolos de asistencia, con especial atención a las personas vulnerables. Podrá solicitar la información necesaria para desarrollar sus funciones y supervisar el cumplimiento de los compromisos de los organismos implicados.
La actividad del defensor de víctimas del transporte respetará las competencias judiciales y la independencia de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes, la AITAT, con la que colaborará.
Las asociaciones participarán en la reforma normativa
Las asociaciones de víctimas tendrán una participación activa, consultiva y permanente a través de un grupo de trabajo.
Además, el defensor deberá presentar, con su participación, un proyecto de mejora del marco normativo en los tres meses siguientes a su nombramiento. La propuesta abordará la estructura de atención y la colaboración entre administraciones y entidades. También estudiará las cuestiones que necesiten una norma con rango de ley.
Para desarrollar estas tareas, contará con una oficina con rango de Dirección General y un gabinete técnico. El Consejo de Ministros nombrará a su titular mediante real decreto, a propuesta del ministro de Transportes.
Por último, elaborará informes sobre la asistencia prestada tras cada accidente y las reclamaciones recibidas. Junto con las asociaciones de medios de comunicación, también preparará un código de buenas prácticas para el tratamiento ético de la información sobre estos siniestros.
