El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes, 2 de octubre, los dos decretos Maricarmen impulsados por el Gobierno en materia de vivienda. La decisión hace decaer un paquete que incluía protección para hogares vulnerables, nuevas reglas para los alquileres y medidas fiscales destinadas a facilitar el acceso a una casa.
El primer texto ha obtenido 172 votos a favor y 178 en contra, con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN. El segundo ha caído por 166 votos favorables y 184 contrarios. En esta última votación, PNV y Coalición Canaria también han votado en contra, aunque habían respaldado el primer decreto.
Las normas recibieron ese nombre por el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid, que se convirtió en símbolo de las movilizaciones por la vivienda.
Qué medidas pierden respaldo con los decretos Maricarmen
El primer decreto contenía un nuevo régimen de protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con medidas previstas hasta el 31 de diciembre de 2030. Su alcance dependía de las circunstancias del hogar y del propietario; no era una prohibición general de todos los desalojos.
Además, incluía nuevas garantías para el alquiler de temporada y por habitaciones. Entre ellas figuraban la obligación de acreditar la causa temporal y la conversión en alquiler habitual cuando no existiera esa justificación.
También decae la limitación extraordinaria de las actualizaciones de renta hasta finales de 2027. La norma impedía incrementos en determinados supuestos y fijaba un máximo del 2 % cuando no hubiera un nuevo pacto, en los demás casos contemplados.
Por otra parte, el paquete permitía solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años, por periodos anuales, para determinados contratos. Exigía estar al corriente del alquiler y haberlo estado durante los ocho meses anteriores, con las excepciones previstas para recuperar la vivienda.
La renovación automática también queda fuera
El segundo decreto modificaba la continuidad de los contratos de vivienda habitual. Tras los plazos mínimos legales, establecía renovaciones sucesivas de cinco años, o siete si el arrendador era una persona jurídica, cuando ninguna parte comunicara en plazo su voluntad de terminar el contrato.
Asimismo, contemplaba una indemnización en determinados casos de no renovación decidida por el propietario. Esa compensación tenía excepciones, como la necesidad acreditada de destinar la vivienda a uso propio o familiar.
Por tanto, la propuesta no equivalía a un alquiler indefinido sin posibilidad de extinción. Su rechazo hace decaer ese nuevo sistema de continuidad y compensaciones.
Ayudas e incentivos fiscales que decaen
El primer decreto incluía el programa TU CASA, con préstamos sin intereses para financiar hasta el 20 % del valor de la primera vivienda habitual, con un máximo de 50.000 euros.
También incorporaba una deducción estatal por alquiler para contribuyentes con base imponible inferior a 33.007,20 euros, sujeta a límites y requisitos. Estas novedades quedan sin continuidad tras la votación.
A ellas se sumaban incentivos para propietarios que ofrecieran alquileres asequibles, cambios fiscales sobre las sociedades de inversión inmobiliaria y los pisos turísticos, y una rebaja del IVA para determinadas viviendas protegidas. También se frena la nueva limitación de ciertas compras especulativas de vivienda.
Qué ocurre con los contratos y las solicitudes ya presentadas
La caída de los decretos Maricarmen no significa que todos los contratos de alquiler terminen. Tampoco resuelve por sí sola la situación de quienes solicitaron una prórroga mientras las normas estaban vigentes.
Las solicitudes formuladas durante ese breve periodo plantean dudas sobre sus efectos tras la derogación. Conviene distinguirlas de los contratos o prórrogas acordados entre las partes, que no desaparecen simplemente por el resultado parlamentario.
Una derrota política que no obliga a celebrar elecciones
El rechazo vuelve a mostrar la dificultad del Ejecutivo para reunir una mayoría. Junts defendió su negativa al considerar que las medidas podían reducir la oferta de alquiler y encarecer los precios. El Gobierno sostuvo que servirían para proteger a los hogares y frenar la especulación. Son valoraciones enfrentadas, no efectos económicos ya demostrados.
La votación aumenta la presión política y alimenta el debate sobre un posible adelanto electoral. Sin embargo, perder la convalidación de un decreto no obliga al Gobierno a dimitir ni a convocar elecciones.
La Constitución distingue ese trámite de una cuestión de confianza o una moción de censura. Una eventual disolución anticipada requeriría una decisión del presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, y el correspondiente decreto.
El Ejecutivo puede promover nuevas iniciativas para recuperar medidas, pero necesitaría conseguir los apoyos que han faltado este viernes. Para los lectores de León, la repercusión de este rechazo afecta a normas estatales; su alcance concreto dependerá de cada contrato y procedimiento.
