El calendario administrativo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre encara una de sus fases determinantes con la designación de los ciudadanos que conformarán los órganos de votación. De acuerdo con el marco regulatorio general, los ayuntamientos celebran los sorteos públicos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, abriéndose de inmediato una ventana de tres días reglamentarios para el inicio del envío masivo de las comunicaciones a los domicilios censados.
La vía formal de entrega corre a cargo del personal de Correos y de los cuerpos de la Policía Local, quienes realizan la notificación en mano de manera certificada. En caso de no localizar al destinatario tras sucesivos intentos acreditados, los agentes dejan el preceptivo aviso para su recogida presencial en la oficina postal correspondiente. Eludir la recepción de la carta certificada o no retirarla del buzón no exime de la obligación legal. El artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) tipifica la incomparecencia no justificada como delito electoral, aparejando penas que van de tres meses a un año de prisión o sanciones económicas de 6 a 24 meses de multa. De forma paralela a la notificación postal, diversos consistorios han habilitado consultas telemáticas mediante certificado digital, sistema Cl@ve o consulta de datos del DNI.
Para aquellos electores designados titulares o suplentes que se vean imposibilitados de desempeñar el encargo, la normativa recoge un catálogo de exenciones tasadas que deben ser sometidas preceptivamente a la valoración y dictamen de la Junta Electoral de Zona. Ninguna persona llamada a comparecer puede ausentarse de la mesa por iniciativa propia; la dispensa únicamente adquiere validez jurídica una vez notificada la resolución formal aprobatoria del órgano electoral.
Entre los supuestos amparados por la legislación figuran causas personales como tener una edad comprendida entre los 65 y 70 años, acreditar una discapacidad oficial, encontrarse de baja médica temporal, percibir pensión de gran invalidez o incapacidad absoluta, o hallarse en estado de embarazo a partir del sexto mes, periodo de lactancia o baja por maternidad y paternidad. Asimismo, se contemplan impedimentos relativos al cuidado directo y continuado de menores de 14 años sin apoyo alternativo, la tutela de familiares dependientes hasta el segundo grado, o la programación de intervenciones quirúrgicas y pruebas clínicas inaplazables.
En el ámbito laboral y de ocio, la ley contempla dispensas para profesionales vinculados a servicios esenciales —como personal sanitario, cuerpos de bomberos o Protección Civil—, responsables de servicios informativos y personal técnico asignado a los juzgados o a la propia administración electoral durante la jornada dominical. Del mismo modo, la jurisprudencia electoral admite alegaciones fundamentadas en la asistencia a acontecimientos familiares inaplazables (bodas o bautizos directos) o la acreditación de viajes contratados y abonados antes de la convocatoria oficial de las elecciones, siempre y cuando su cancelación ocasione un perjuicio económico sensible al ciudadano.
