La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León (FECCOOCYL) ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León resuelva una sentencia que anula una orden que la Consejería de Educación venía aplicando en la Comunidad para obligar al profesorado de Formación Profesional a superar los 19 períodos lectivos máximos que establece la normativa autonómica sobre la jornada de 35 horas en la Administración.
CCOO lleva años denunciando que ese aspecto de dicha orden de 2012, fruto de los recortes educativos que se ejecutaron aquel año, estaba siendo utilizado por la Consejería como mecanismo para incumplir en la práctica los acuerdos relativos a reducción de jornada de los docentes, recogidos tanto en el Acuerdo de 24 de enero de 2022, como en el Decreto-ley 1/2023.
A pesar de que este Decreto-ley establece un máximo de entre 17 y 19 períodos lectivos semanales para el profesorado de formación profesional, enseñanza secundaria y regímenes especiales, la Consejería ha utilizado esta Orden para aplicar al profesorado de formación profesional una jornada lectiva de hasta 25 horas semanales, lo que implica una ilegalidad que ha permitido a la Administración contratar a menos profesorado del necesario, según la normativa vigente, y un intolerable abuso y desconsideración hacia el profesorado de formación profesional, vulnerando gravemente sus derechos laborales.
A pesar de las advertencias y las campañas informativas llevadas a cabo por CCOO en los centros educativos, la Consejería ha mantenido la aplicación de la orden ahora anulada, aunque las normas jerárquicamente superiores más recientes establecían otra cosa en cuanto a la jornada lectiva del profesorado.
La Sentencia del TSJ reconoce no solamente la ilegalidad de esa ampliación de la jornada lectiva, estableciendo que el personal docente de formación profesional pase a tener una jornada dentro de los límites legales, sino que además obliga a la Administración a compensar el exceso de jornada impuesto a efectos económicos y administrativos.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León considera que esta sentencia es un paso esencial en el camino de la recuperación completa de los derechos laborales que fueron liquidados con la excusa de los recortes de 2012. Esta sentencia se debe traducir en una elaboración de los cupos de profesorado y los horarios del próximo curso, que respeten la legalidad vigente y los acuerdos con las organizaciones sindicales, con el objetivo de que los centros cuenten con los recursos necesarios para una enseñanza de calidad y se respeten los derechos laborales del profesorado.
Afección en León
En la provincia de León, esta sentencia podría afectar a los 23 centros públicos que imparten Formación Profesional, destacando los Centros Integrados de Formación Profesional, entre los que se incluyen CIFP Almázcara, CIFP de Ponferrada, CIFP Ciudad de León y CIFP Tecnológico Industrial. Pero también a diversos institutos de Educación Secundaria que imparten Formación Profesional repartidos por la provincia. En León y alfoz, los IES Antonio García y Bellido, Giner de los Ríos, Juan del Enzina, Ordoño II, Padre Isla y San Andrés del Rabanedo; en el Bierzo, los IES Álvaro Yáñez, Beatriz Ossorio, Fuentesnuevas y Virgen de la Encina; en el resto de la provincia, los IES Asturica Augusta (Astorga), Fernando I (Valencia de Don Juan), Ornia y Vía de la Plata (La Bañeza), Ramiro II (La Robla), Río Órbigo (Veguellina), Valdinia (Cistierna) y Valle de Laciana (Villablino). Finalmente, también se incluye a la Academia Básica del Aire y del Espacio de León, situada en la Virgen del Camino.
Desde el sindicato provincial de Enseñanza de CCOO León, se iniciará una campaña de difusión en los centros para señalar que llevan años advirtiendo de esta ilegalidad y fomentar que el profesorado afectado conozca la sentencia en la que se reconocen unas condiciones laborales hasta ahora vulneradas.
