Frente al ruido parlamentario, medidas concretas con dotación presupuestaria. Esa es la premisa con la que Cristina Sanchidrián ha defendido el programa de actuaciones de su consejería en las Cortes de Castilla y León. La gran novedad de esta legislatura impactará directamente en el bolsillo de los conductores de la comunidad: una línea de ayudas que bonificará, como mínimo, el 60% del coste de los peajes en autopistas clave como la AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71. Pensada para usuarios recurrentes empadronados en la región que realicen entre 11 y 40 viajes al mes, la medida se estrenará en el presupuesto de 2027 con una partida inicial de 10 millones de euros.
La estrategia autonómica pone el foco en la retención del talento joven y la empleabilidad en el medio rural. Para ello, la Junta lanzará próximamente una ayuda de hasta 900 euros para la obtención del permiso de conducir dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años. Conscientes, además, de la acuciante falta de profesionales que arrastra el sector logístico, se habilitarán subvenciones de hasta 1.800 euros para costear los permisos de camión y autobús, incluyendo el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Estas iniciativas se complementan con la prórroga hasta 2030 de las bonificaciones al transporte ferroviario (como el descuento del 25% en los servicios AVANT), una medida en la que Castilla y León sigue siendo pionera a nivel estatal.
En lo que respecta al transporte público por carretera, el Ejecutivo autonómico zanja cualquier duda sobre la viabilidad del modelo: el sistema BUSCYL mantendrá su gratuidad total y blindará el 100% de sus rutas actuales. Los datos respaldan la apuesta. El servicio supera ya los 806.000 usuarios y, solo en el primer semestre de 2026, ha experimentado un espectacular crecimiento del 27,6% en desplazamientos respecto al año anterior. La modernización de este sistema vendrá de la mano de la digitalización de las estaciones de autobuses y el desarrollo de un transporte a la demanda mucho más flexible mediante algoritmos inteligentes.
La consejera también ha querido marcar distancias con la oposición en materia de infraestructuras viarias, anunciando la redacción de una nueva planificación estratégica de carreteras con horizonte 2027-2040. Este plan, que prevé intervenciones en las nueve provincias del territorio, explorará fórmulas de colaboración público-privada para grandes obras e incorporará sistemas de inteligencia artificial para optimizar el mantenimiento del firme y mejorar la seguridad vial.
La tecnología, precisamente, se corona como el motor silencioso de esta legislatura. Con la recién creada Dirección General de Administración Digital e IA al frente, la Junta planea desplegar soluciones de telepresencia para evitar desplazamientos administrativos a los ciudadanos del medio rural. Para sostener este ecosistema digital frente a posibles caídas de red, se implementará un plan de comunicaciones críticas con un segundo acceso a Internet de alta capacidad. Todo ello respaldado por el centro de supercomputación SCAYLE, que estrenará su nueva sede en 2027 con el objetivo de consolidar a Castilla y León como un nodo tecnológico de referencia en el norte de España.
