La Junta de Castilla y León volvió a reclamar al Gobierno de España la supresión de los peajes de la AP-66 y la AP-9, apelando a la unidad institucional y empresarial del Noroeste peninsular. En una jornada de trabajo celebrada en Santiago de Compostela, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, defendió que poner fin a estas concesiones es “una prioridad para garantizar la cohesión territorial y la competitividad” de Castilla y León, Galicia y Asturias.
Unidad institucional y empresarial en el Noroeste
En el encuentro participaron los responsables de infraestructuras de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia y Asturias, así como representantes de los principales colectivos empresariales de las tres comunidades. Todos coincidieron en la necesidad de que el Ministerio de Transportes adopte decisiones inmediatas sobre el futuro de la AP-66 (Autopista del Huerna) y la AP-9 (Autopista del Atlántico).
Ambas concesiones han sido cuestionadas por la Comisión Europea, que considera que las prórrogas concedidas podrían ser contrarias al Derecho comunitario, un argumento que los tres ejecutivos autonómicos han vuelto a esgrimir. Además, las comunidades remitieron recientemente una carta conjunta al Ministerio para conocer los detalles de dichas prórrogas y reclamar el fin de los peajes.
Tráfico intenso y agravio frente a otros corredores
Sanz Merino subrayó que, en el caso de la AP-66, el tráfico medio supera los 6.100 vehículos ligeros diarios, lo que supone un impacto directo sobre trabajadores, estudiantes y transportistas que utilizan a diario esta vía.
La Junta sostiene que la eliminación de peajes llevada a cabo en otras autopistas del Estado, como la AP-7 en Alicante, demuestra que existen precedentes y mecanismos para aplicar la misma solución en el Noroeste. Por ello, reclama al Gobierno que adopte criterios homogéneos en todo el territorio y evite diferencias de trato entre corredores que cumplen funciones estratégicas similares.
Castilla y León recuerda que es el principal territorio de paso entre Galicia, Asturias y el centro de la península, lo que convierte sus infraestructuras viarias en piezas clave para la movilidad y la actividad económica del Noroeste. Sin embargo, la permanencia de peajes en varias autopistas —AP-66, AP-6, AP-51, AP-61 o AP-71— supone un coste acumulado para la ciudadanía que, según la Junta, no se da en otras zonas del país.
Bonificaciones autonómicas mientras no haya decisión estatal
Ante la ausencia de una respuesta definitiva del Estado, el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026 incorpora una partida de casi 10 millones de euros destinada a bonificaciones para usuarios frecuentes y empadronados en Castilla y León.
Estas ayudas se orientan principalmente a los desplazamientos habituales entre Segovia, Ávila y Madrid, así como al corredor León–Astorga, con el objetivo de reducir los costes de movilidad laboral y académica y favorecer el mantenimiento de población en las provincias afectadas por los peajes.
La Administración autonómica mantiene, además, su disposición a estudiar una intervención específica en la AP-66, al considerar que las reducciones de peaje aplicadas actualmente por el Estado resultan limitadas o condicionadas y no responden a las necesidades reales de los usuarios.
El Corredor Atlántico, pieza clave para la competitividad del Noroeste
Más allá de las autopistas, el consejero de Movilidad y Transformación Digital insistió en la necesidad de que el Gobierno de España presente el Plan Director del Corredor Atlántico en Castilla y León y detalle el calendario de actuaciones previsto.
Según la Junta, este corredor permitirá mejorar la competitividad del transporte de mercancías, facilitar la movilidad interior y equilibrar el trato respecto a otras áreas del país. Entre las principales reivindicaciones figuran:
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El impulso del lazo del Manzanal en la línea entre León y Monforte de Lemos para reforzar la conexión con Galicia.
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La electrificación de la línea Salamanca–Fuentes de Oñoro, clave para el enlace ferroviario con Portugal.
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La recuperación de la Ruta de la Plata para incorporarla en 2040 a la Red Básica Ampliada del Corredor Atlántico, dentro de la Red Transeuropea de Transporte.
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El avance de las autopistas ferroviarias en el ramal del Noroeste, con el fin de captar más tráfico de mercancías hacia modos de transporte sostenibles.
Las estimaciones de impacto económico apuntan a que el desarrollo del Corredor Atlántico podría suponer 3.600 millones de euros adicionales en el PIB regional, una reducción de 8 millones de toneladas de CO₂ hasta 2040 y la captación de 5 millones de toneladas extra de tráfico de mercancías.
Un proyecto compartido y financiación europea
Castilla y León recuerda que, junto con Galicia y Asturias, logró hace ocho años incorporar el Noroeste a la red transeuropea de transporte de los reglamentos europeos, un primer paso para consolidar su posición en los grandes ejes logísticos de la Unión Europea.
En esta misma línea, la Junta destaca que, recientemente, Castilla y León, la Xunta de Galicia, la Región Norte de Portugal y un clúster logístico gallego han conseguido 1,2 millones de euros para un proyecto POCTEP, un programa de cooperación transfronteriza Interreg España-Portugal. Esta iniciativa tiene como objetivo maximizar la competitividad y el desarrollo del Corredor Atlántico, reforzando la colaboración entre administraciones y agentes económicos a ambos lados de la frontera.
Con este contexto, la Junta insiste en que la supresión de los peajes de la AP-66 y la AP-9 y el impulso de las infraestructuras del Noroeste deben considerarse decisiones estratégicas de Estado, alineadas con la política europea de transporte y con las necesidades de cohesión territorial y desarrollo económico de la España interior.
