El ejecutivo comunitario ha decidido retener 1.100 millones de euros a la espera de que el Gobierno español cumpla con varios compromisos adquiridos. Entre las reformas clave que han motivado esta penalización se encuentra la no implementación del impuesto a los hidrocarburos, una medida exigida por Bruselas y que no se incluyó en los presupuestos fallidos del ejecutivo de Pedro Sánchez.
Además, Bruselas señala la falta de inversiones en la digitalización de las administraciones regionales y locales, un proyecto destinado a facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Otro de los puntos de fricción ha sido la incorrecta compensación a los funcionarios interinos, un incumplimiento derivado de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el Gobierno no ha subsanado a ojos de la Comisión.
El informe del Ejecutivo comunitario detalla la suspensión de parte de la ayuda no reembolsable «hasta que sea necesario para la suspensión de la totalidad del importe», dejando la puerta abierta a la recuperación de los fondos si España completa las reformas exigidas.
