La Comisión Europea ha reconocido las demandas del sector agrario y ha aprobado, en el seno del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) sobre legislación fitofarmacéutica, la ampliación por un año del plazo para la obligatoriedad de la transferencia electrónica de los registros de productos fitosanitarios. La medida, que se incorporará mediante la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, permitirá a los Estados miembros posponer la obligación del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027.
Según confirmación verbal de la Comisión al Copa-Cogeca, el cambio supone un balón de oxígeno para los agricultores profesionales de toda la Unión Europea y, en particular, para los españoles. ASAJA subraya que este avance se ha logrado gracias al trabajo de representación y presión desarrollado en Copa-Cogeca, donde ostenta la vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Sanidad Vegetal a través de Miguel Minguet.
ASAJA pide al Gobierno adoptar ya la prórroga
Tras el resultado en el SCoPAFF, ASAJA exige al Gobierno de España que adopte formalmente esta prórroga y retrase la obligación hasta 2027. No obstante, la organización va más allá y reclama un aplazamiento indefinido hasta que existan garantías reales de transición, con condiciones adecuadas para su aplicación en el medio rural.
Brecha digital y carga administrativa, en el centro del debate
La asociación advierte de que no todos los agricultores disponen de conexión a internet suficiente, especialmente en zonas con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento y la formación necesarios, con especial incidencia en los productores de mayor edad. Además, ASAJA insiste en que la obligación no puede suponer una carga administrativa adicional para el sector.
Llamamiento a las comunidades autónomas
ASAJA insta a las comunidades autónomas y a sus consejerías de Agricultura a presionar al Gobierno central para que haga oír la voz del campo español y defienda esta posición a nivel comunitario. La organización considera que la cláusula de flexibilidad introducida ahora aporta seguridad jurídica y margen de adaptación para culminar una digitalización realista y ordenada.
