El Congreso de los Diputados ha sido testigo este miércoles de una victoria significativa para el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, al convalidar por unanimidad el decreto que desarrolla la Ley ELA. La medida estrella del texto es la creación de un nuevo grado de dependencia, denominado «extrema» (Grado III+), que conlleva una ayuda de hasta 9.960 euros al mes destinada a garantizar la atención 24 horas a pacientes con ELA y otras enfermedades neurológicas de «alta complejidad» en fase avanzada.
Esta aprobación en la Cámara Baja marca la segunda conquista legislativa para el departamento de Bustinduy en menos de una semana, tras la luz verde a la ley de atención a la clientela. A pesar de la ruptura política con el Gobierno, formaciones como Junts votaron a favor del decreto, aunque su portavoz, Pilar Calvo, reprochó al Ejecutivo la tardanza en la tramitación, señalando que «llega con más de 1.100 muertos tarde».
El decreto, que ya había sido aprobado por el Consejo de Ministros un mes atrás, da cumplimiento al plazo de un año que la Ley ELA, también aprobada por unanimidad en octubre de 2024, establecía para su dotación presupuestaria. Se moviliza una inyección económica de 500 millones de euros para cubrir las nuevas ayudas vinculadas al Grado III+. Quienes acrediten este nivel de dependencia tendrán derecho a la prestación máxima para cubrir sus necesidades asistenciales continuas.
El ministro Bustinduy celebró la convalidación asegurando que es «un hito para la política social y para la política a secas de este país» por haber sorteado las diferencias parlamentarias. Destacó que el decreto supone una «mejora importantísima de la cobertura de cuidados de las personas con ELA dentro del sistema de dependencia». Con esta inversión, la cuantía total destinada a dependencia ascenderá a más de 3.000 millones de euros.
El desarrollo del decreto se basa en tres ejes fundamentales, según explicó el ministro: la introducción del cuarto grado de dependencia (estructural), la ayuda de 10.000 euros mensuales por paciente (específica) y la movilización de los 500 millones de euros adicionales (financiera) para reforzar el sistema.
Consenso con críticas
A pesar del amplio consenso que demostró el Pleno, el debate estuvo marcado por los reproches de los grupos parlamentarios. Tanto el Partido Popular, que votó a favor, como Junts recriminaron al Gobierno la demora de un año en llevar el texto al Congreso. La portavoz ‘popular’, Elvira Velasco, si bien reconoció la «reforma estructural del sistema» que supone el decreto, compartió las preocupaciones de los colectivos sobre la falta de concreción en el texto para definir quién podrá beneficiarse exactamente del Grado III+ y el proceso para pasar de un nivel de dependencia a otro.
Bustinduy, por su parte, aseguró que está trabajando «semanas» con las comunidades autónomas para que las nuevas ayudas lleguen a los pacientes «en el menor plazo posible», agradeciendo a todos los grupos por «ennoblecer la labor parlamentaria».
