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Esta semana termina en Castilla y León el periodo de autorización especial para efectuar quemas de rastrojo de cereal con motivos fitosanitarios. La superficie que finalmente ha solicitado la medida apenas alcanza las 30.000 hectáreas, una cifra muy pequeña y alejada de cualquiera de las previsiones iniciales. En principio un 25 por ciento de la superficie de cereal podía incluirse en esta campaña, es decir, unas 500.000 hectáreas, pero la tardanza en la aprobación de la medida ya hacía esperar que las cifras fueran mucho menores. Aún así, cerca de 150.000 hectáreas se daban por seguras, previsiones que han quedado muy lejos de la realidad. Por provincias, Burgos encabezaría las quemas, seguida por Palencia y Valladolid. En todas las provincias se ha quemado muy poca superficie, y en algunas la campaña ha sido casi testimonial.
Desde el pasado 31 de octubre y hasta el próximo jueves 1 de diciembre (solo quedan pendientes para febrero las zonas de maíz), un periodo reducido y muy tardío, cuando muchas de las tierras ya se habían levantado, ha regresado a Castilla y León la quema como medida fitosanitaria, enfocada a la erradicación de plagas cada vez más generalizadas y resistentes. ASAJA valora la recuperación, tras muchos años, de la medida, y valora también muy positivamente el grado de responsabilidad y prudencia de los agricultores, que han efectuado las quemas cumpliendo todos los requisitos, en los días señalados, y tomando las medidas y controles necesarios.
Para la OPA, es el momento de analizar esta primera campaña y rectificar los aspectos mejorables para que cumpla con su objetivo de controlar la proliferación de plagas y permitir un equilibrio sostenible entre producción y medio ambiente. Por ello, pide a las Consejerías responsables, Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio Ambiente, una pronta reunión con el sector, para introducir mejoras para el futuro.
Además de los plazos, ASAJA entiende que un fallo principal de esta convocatoria ha sido que quedaran fuera de las quemas las cunetas y áreas cercanas a infraestructuras, zonas que actúan como reservorios para topillos y plagas, así como la exclusión de cualquier tierra abandonada solo porque en la clasificación administrativa se la califique arbitrariamente como ‘monte’.
