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La Fundación de Castilla y León y la Real Colegiata de San Isidoro se han aliado para difundir y promocionar la región como cuna del parlamentarismo mediante la firma de un convenio de colaboración que permitirá incluir, en el museo san Isidoro de León, una exposición permanente sobre las primeras Cortes conocidas, que se celebraron en el claustro del edificio en 1188. El acuerdo, rubricado esta mañana por el presidente de la Fundación, Carlos Pollán, y el abad de la institución religiosa, Luis García Gutiérrez, se materializará en un proyecto para dar a conocer ese hecho histórico a través de la propia documentación de la época.
La instalación museística abordará tres aspectos: un repaso de la figura de Alfonso IX de León, bajo cuyo reinado se desarrolló esta primera asamblea; una explicación del concepto de «Curia Plena», germen de los actuales parlamentos, y una revisión de las propias actas emergidas de esas reuniones y los derechos que otorgaban, reunidos bajo el nombre de Decreta y reconocidos como Memoria del Mundo por la Unesco desde el año 2013.
Fue en 1188, casi tres décadas antes de la constitución de la Cámara británica —la que, en el imaginario colectivo occidental, solía considerarse como la primera del mundo—, cuando Alfonso X, rey de León, convocó al órgano encargado de asesorarlo en cuestiones de distinto ámbito y que, hasta la fecha, estaba integrado sólo por la jerarquía eclesiástica y la nobleza feudal y militar. El punto de inflexión de este encuentro, denominado Curia plena, fue la presencia de «buenos hombres» o «ciudadanos elegidos» procedentes de la todavía incipiente burguesía, de tal
forma que los tres estamentos que componían la sociedad medieval quedasen representados y teniéndose en cuenta sus opiniones a la hora de legislar, con la consiguiente evolución de Curia a Cortes, en el sentido actual del término, que se desarrollaron en el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro, hoy visitable dentro del recorrido del museo, una de las joyas de la arquitectura románica catalogada hoy como Bien de Interés Cultural (BIC).
El resultado de esta reunión, como atestiguan los Documenta, fue una primitiva declaración de derechos en la que destacaban elementos como las garantías procesales para los acusados de cualquier delito, así como el respeto por el procedimiento judicial y por la propiedad privada, consecuciones pioneras que dan fe del papel de Castilla y León en la construcción de la identidad democrática española y europea y que este convenio de colaboración contribuirá a visibilizar.
