La Junta de Castilla y León aumentará un 80 % la inversión destinada a políticas de vivienda durante la XII Legislatura. El objetivo es construir al menos 5.000 viviendas protegidas en Castilla y León, que se sumarán a las 1.300 que ya se encuentran en ejecución.
La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, presentó estas medidas este lunes, 13 de julio de 2026, durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes autonómicas. La vivienda será uno de los principales ejes de actuación de su departamento durante los próximos cuatro años.
El programa también contempla ampliar las ayudas al alquiler y mejorar los avales para la compra de una primera vivienda. Sin embargo, la comparecencia no incluyó un reparto provincial específico para León. Por tanto, todavía se desconoce cuántas promociones se desarrollarán en la provincia y qué municipios podrán beneficiarse.
Más vivienda protegida y alquiler asequible
El Gobierno autonómico pretende aumentar la oferta residencial mediante promociones públicas, actuaciones urbanísticas y planes territoriales. Además, impulsará vivienda para alquiler y casas unifamiliares destinadas a jóvenes.
Entre las actuaciones previstas figuran 845 viviendas de alquiler entre 2026 y 2030. Al menos un 10 % se ejecutará mediante rehabilitación o sistemas de construcción industrializada.
Asimismo, la Junta proyecta 1.141 viviendas unifamiliares para venta, distribuidas por la Comunidad. Estas viviendas tendrán una bonificación del 20 % y estarán dirigidas principalmente a compradores jóvenes.
La administración autonómica también pondrá en marcha un Portal de Suelo Público. Esta herramienta reunirá información sobre parcelas residenciales y dotacionales propiedad de ayuntamientos, diputaciones y la propia Junta.
Por otro lado, una nueva Unidad Aceleradora de Proyectos dará prioridad a las promociones que superen las 50 viviendas protegidas. La Junta también prevé simplificar la concesión de licencias mediante entidades certificadoras.
El aval de ‘Mi Primera Vivienda’ subirá al 20 %
Otra de las principales novedades será la ampliación del programa ‘Mi Primera Vivienda’. El capital garantizado por la Junta pasará del 17,5 % al 20 %.
Según explicó Blanco, este cambio permitirá que los jóvenes puedan acceder a una financiación hipotecaria de hasta el 100 % del precio del inmueble. Desde que el programa comenzó en 2023, ha facilitado la firma de cerca de 2.000 hipotecas.
Además, el Ejecutivo autonómico prepara nuevas bonificaciones fiscales para compradores de hasta 40 años. También plantea descontar hasta 30.000 euros del precio de viviendas públicas situadas en el medio rural. Esta última medida se desarrollará junto a las diputaciones provinciales.
Nuevos criterios para las ayudas al alquiler
Las próximas convocatorias de ayudas al alquiler incorporarán criterios de progresividad. Además, mejorarán las cuantías para jóvenes y residentes del medio rural.
La Junta también tendrá en cuenta el arraigo de los solicitantes mediante el empadronamiento. De este modo, pretende favorecer a quienes mantienen una vinculación estable con los municipios de Castilla y León.
A estas medidas se sumará la actualización del programa Alquiler Seguro. El objetivo autonómico es incorporar 2.000 viviendas de alquiler asequible al mercado durante la legislatura.
También continuarán abiertas las oficinas de asesoramiento frente a la ocupación. En sus tres primeros años de funcionamiento, estos servicios atendieron más de 13.000 consultas presenciales y telemáticas.
Rehabitare llegará a viviendas privadas vacías
La Junta ampliará el programa Rehabitare al parque inmobiliario privado. La nueva línea ofrecerá ayudas a propietarios que rehabiliten viviendas vacías y las incorporen posteriormente al alquiler social.
El denominado Rehabitare Privado aspira a recuperar 540 viviendas en el conjunto de Castilla y León. Por otra parte, el programa tradicional prevé rehabilitar otras 264 viviendas públicas, con una inversión estimada de 25,5 millones de euros.
Esta iniciativa puede adquirir especial relevancia en las zonas rurales de León, donde numerosos municipios cuentan con viviendas desocupadas. No obstante, su aplicación dependerá de las convocatorias y de los acuerdos que se alcancen con las entidades locales.
Medidas contra la despoblación
La política de vivienda estará vinculada a la futura Estrategia para la Sostenibilidad Demográfica y Territorial. Las cuatro universidades públicas de Castilla y León han participado en su elaboración.
La estrategia se organizará en torno a la calidad de vida, el empleo, el emprendimiento, la cooperación administrativa y la relación entre el medio rural y las ciudades.
Entre sus herramientas aparecerán los denominados Proyectos Semilla. Estos programas incluirán becas rurales, iniciativas de empleo, actividades culturales y alojamientos temporales para facilitar la llegada de nuevos habitantes a los pueblos.
El Ejecutivo autonómico considera que el acceso a una vivienda asequible resulta esencial para fijar población. Por ello, combinará la promoción residencial con medidas laborales y servicios públicos.
Un fondo permanente para emergencias
La Vicepresidencia Segunda también asumirá competencias en protección civil. Entre sus compromisos destaca la creación de un Fondo de Contingencia para Emergencias con presupuesto permanente.
Este fondo permitirá atender con rapidez los daños provocados por incendios, inundaciones u otras catástrofes. Además, la Junta construirá una nueva sede para Emergencias Castilla y León y el servicio 112.
El programa incluye la incorporación de 18 técnicos especializados y la creación de un catálogo autonómico de medios de protección civil. Esta base de datos mostrará en tiempo real los recursos disponibles, especialmente en los territorios rurales.
Viviendas colaborativas para víctimas de violencia machista
En materia de igualdad, la Junta reforzará los programas laborales para mujeres. Una de las prioridades será favorecer la contratación de mujeres mayores de 50 años, que afrontan mayores dificultades para acceder o regresar al mercado de trabajo.
Además, la administración autonómica promoverá viviendas colaborativas para mujeres que hayan abandonado los recursos de emergencia y acogida por violencia machista.
Estas viviendas buscarán ofrecer un entorno seguro durante el proceso de recuperación. Al mismo tiempo, la Junta reforzará la atención psicológica a los menores afectados por violencia vicaria y las actuaciones frente al acoso y la violencia digital.
