El grupo parlamentario de Vox ha elevado el tono en el Congreso de los Diputados al registrar una iniciativa formal que busca la ilegalización de EH Bildu. La formación liderada por Santiago Abascal fundamenta su petición en los supuestos vínculos de la coalición abertzale con la disuelta banda terrorista ETA, abriendo un nuevo frente de debate en una legislatura ya de por sí polarizada
«La democracia no derrotó a ETA»
El anuncio ha sido realizado por la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, quien ha aprovechado su intervención para lanzar una dura crítica a la narrativa oficial sobre el fin del terrorismo, disuelto de forma definitiva en 2018.
Millán ha cargado frontalmente contra las recientes declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ensalzó el papel de Bildu por haber «trabajado por la paz». Desde Vox han tachado estas palabras de «lamentables» y han argumentado que demuestran una preocupante cesión del Estado.
«Para lo único que tienen que servir este tipo de comentarios es para recordarnos que la democracia no derrotó a ETA, sino que miró hacia otro lado por conveniencia política», ha aseverado la portavoz. En su argumentación, Millán ha recriminado que los «herederos de ETA» constituyen hoy el principal sustento del Gobierno de coalición, acusando al PSOE de deber su posición actual a los «cómplices» de los más de 300 atentados que aún continúan sin resolverse en los tribunales.
La apelación a la Ley de Partidos
Para Vox, la lectura de las últimas décadas no deja lugar a dudas: «Ganó ETA». Según el análisis de la formación conservadora, esta supuesta victoria se escenifica hoy en día tanto en las instituciones nacionales como en el País Vasco, señalando la «normalización» de los homenajes a etarras (los conocidos como ongi etorri) y la política penitenciaria de acercamiento de presos.
En este contexto, Vox sitúa a EH Bildu no como un actor político convencional, sino como un «colaborador necesario» en lo que denominan un «proceso de degradación nacional impulsado por el PSOE», catalogando a la formación soberanista abiertamente como el «brazo político de ETA».
Para articular esta exigencia de ilegalización, el partido ha apelado directamente a la Ley de Partidos. Millán ha detallado una serie de circunstancias que, a juicio de su formación, encajan en los supuestos del artículo 9 de dicha normativa:
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Listas electorales: La inclusión de miembros imputados o condenados por delitos de terrorismo o relacionados.
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Enaltecimiento: La colaboración o participación en actos de homenaje a miembros de la banda terrorista.
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Obstrucción judicial: La falta de colaboración para esclarecer los crímenes de ETA pendientes de resolución y la ausencia de un arrepentimiento explícito.
Bajo la premisa de «ni olvido ni perdón», Vox busca forzar un debate parlamentario sobre la legitimidad democrática de uno de los socios clave del actual bloque de investidura, tensionando aún más el escenario político nacional.
