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La ley de trasparencia y participación ciudadana de Castilla y León, a pesar de estar publicada desde el 12 de marzo de 2015, aún no ha llegado a los asuntos relacionados con los Empleados Públicos. Aunque en reiteradas ocasiones se han solicitado los datos de la situación administrativa en la que se encuentran las vigentes, aunque recurridas por varios particulares, colectivos y sindicatos, Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT´s), ha sido imposible conseguir que la Dirección General de Función Pública facilitara los mismos.
No hay duda de que la información pública y la transparencia fortalece el crecimiento económico y el desarrollo social, contribuyendo a la regeneración democrática, la eficiencia y la eficacia de cualquier institución pública. Sin embargo, el secretismo y la reserva han sido las notas predominantes en la Función Pública de Castilla y León; hasta el punto de que han tenido que ser los jueces, en la mayoría de los casos, quienes han forzado a la Administración de Castilla y León a facilitar algunos de los datos con los que las Organizaciones Sindicales cuentan para realizar los estudios analíticos y prospectivos de los recursos humanos con los que se cuenta para mejorar las labores y el desarrollo de los servicios públicos de emergencia (urgencias médicas, protección civil, …), burocráticos (registros, archivos, gestiones,…) o básicos (sanidad, servicios sociales, educación,…).
Bajo estas premisas, desde la Unión Sindical de Castilla y León, se ha pedido al Vicepresidente de la Junta y Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Sr. Francisco Igea Arisqueta, que lleve a cabo un giro copernicano en la trasmisión de información y permita a los Empleados Públicos y a las Organizaciones Sociales conocer todos los datos técnicos y administrativos de las RPT´s, salvando lógicamente todos aquellos que sean personales o sometidos a protección, y consecuencia de ello desarrollar sus funciones con las máximas garantías para llevar a cabo una eficaz acción sindical. Imprescindible para impulsar cualquier plan, proyecto o iniciativa que tenga por fin la participación, transformación y modernización de la Administración Pública.
Desde USCAL entendemos indispensable que mensualmente se actualicen y publiquen, en formato exportable, todos los datos que figuran en las RPT´s:
- Consejería, Servicio Central o Territorial y Unidad Orgánica concreta
- Número, categoría, grupo, nivel, complemento específico, requisitos, localidad, provincia, características y tipo de administración de los empleados públicos que pueden ocupar todos y cada uno de los puestos de trabajo que figuran en las RPT´s
- Sexo, cuerpo y situación administrativa del ocupante del puesto de trabajo, indicando los que se encuentran vacantes.
Durante la reunión se ha puesto sobre la mesa por parte de nuestra Organización aquellos temas que consideramos de especial urgencia o trascendencia en el ámbito de la Función Pública de Castilla y León
- Trasladar al Consejo de Gobierno, de forma inmediata, antes de que comience el curso escolar (9 de septiembre en las etapas infantiles), la adaptación de la normativa que regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario, estatutario y laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en todos sus ámbitos (sanitario, docente y general) y con las peculiaridades que corresponda, para reinstaurar definitivamente la jornada ordinaria de 35 h. semanales. El representante de Educación de USCAL hizo especial hincapié en la reducción de sus horas lectivas, esperando que los docentes no tuvieran que asumir un año más las 3 horas lectivas de más que se le impuso desde el año 2012, con el agravio que supone con respecto a la mayoría de las CC.AA.
- Negociar inmediatamente el contenido de la Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con las convocatorias anuales extraordinarias que permite la disposición adicional primera de la misma, de manera que sea efectiva a partir del 1 de enero de 2020.
- Establecer un Plan de Consolidación de todo el empleo temporal existente en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en base a la jurisprudencia que marque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en las cuestiones prejudiciales de los Asuntos acumulados C-103/18 (informáticos) y C-429/18 (Odontólogos SERMAS) en los que se pide a los tribunales que sancionen con la fijeza el abuso en la duración de la temporalidad personal en el empleo público como la medida de sanción disuasoria y efectiva exigida por la Directiva Europea 1999/70/CE de empleo temporal en su cláusula 5ª.
- Constitución de la Mesa Sectorial de Negociación de Función Pública, que permita participar a todas las Organizaciones Sindicales que tengan más del 10% de representación dentro del ámbito de las Juntas de Personal de todos los funcionarios, equiparándola al resto de sectoriales de Instituciones Sanitarias, Educación y Comité Intercentros.
- Renegociar el Catálogo de Puestos Tipo y todas las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT´s) del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para adecuarles en todos sus contenidos (nivel, complemento específico, etc) y funciones a una estructura administrativa moderna, operativa y eficaz.
- Consensuar y blindar jurídicamente un concurso abierto y permanente para todos los empleados públicos.
- Negociar las homologaciones retributivas correspondientes a los fondos adicionales del 2018 y 2019, que suponen un incremento de la masa salarial de un 0,2% y un 0,25% respectivamente.
- Cubrir todas las vacantes existentes.
- Mejorar los procedimientos de promoción interna.
- Negociar un nuevo convenio colectivo para el personal laboral.
- Ampliar el servicio de prevención del SACYL a todos los empleados públicos de Castilla y León.
- Evaluar el funcionamiento, y la propia existencia, de las fundaciones existentes en Castilla y León, especialmente las de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente: CESEFOR (Centro de Investigación y Promoción Forestal), Fundación Patrimonio Natural, etc.
- Facilitar el acceso a todas las aplicaciones que sean necesarias para el desarrollo de las funciones de los Agentes Medioambientales y del resto de Empleados Públicos.
