UPL y el sindicato FE-USO han trasladado públicamente su malestar por lo que califican como discriminación educativa en la provincia de León, tras una reunión de trabajo entre sus representantes. En su denuncia, señalan un “agravio comparativo” en las ratios mínimas para mantener aulas abiertas, la falta de personal para atender necesidades educativas especiales y el retraso en medidas de carrera profesional para el profesorado de la concertada.
La controversia se apoya, en parte, en la normativa autonómica que fija la relación media alumnos/profesor por localidad en centros privados concertados. En el caso de Educación Primaria, el documento establece que León capital necesita 21 alumnos por unidad como ratio mínima, mientras que Valladolid marca 18, al igual que Ávila y Palencia.
Ratios mínimas: “mismo sistema, reglas distintas”
UPL y FE-USO sostienen que esa diferencia “empuja” cada curso al cierre de unidades en León que, con los mismos datos, se mantendrían en otras provincias. En su comunicado, exigen una equiparación inmediata para frenar la pérdida de aulas, especialmente en la concertada.
La resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León detalla que estas ratios se concretan por municipios y, además, contempla la reducción de unidades concertadas cuando el alumnado por aula queda por debajo del mínimo fijado.
Lo que dicen las cifras oficiales (Primaria, concertada):
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León capital: 21 alumnos por unidad escolar (ratio mínima).
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Valladolid: 18, Ávila: 18, Palencia: 18.
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En la provincia leonesa, la resolución también fija mínimos por localidades: Astorga 16, Ponferrada 18, San Andrés del Rabanedo 18, entre otros.
Aunque Castilla y León presenta, en términos generales, una ratio baja de alumnos por profesor en el conjunto del sistema, UPL y FE-USO insisten en que el problema está en el detalle territorial y en el impacto que tienen estos umbrales en la continuidad de unidades en la capital leonesa.
Atención a la diversidad: el caso de La Salle de Astorga
El segundo bloque de reivindicaciones se centra en la inclusión educativa. Según trasladan ambas organizaciones, la Junta aplica criterios de admisión equivalentes entre pública y concertada, pero —denuncian— no acompaña con los mismos recursos a los centros concertados.
En el comunicado se destaca el caso del colegio La Salle de Astorga, donde citan 17 alumnos ACNEE con solo un profesional de Pedagogía Terapéutica (PT). También afirman que hay familias que deben desplazar a sus hijos en horario escolar para recibir sesiones de estimulación en Cosamai, algo que consideran un golpe a la conciliación y a la dignidad del alumnado.
En este contexto, UPL viene alertando en Castilla y León de carencias estructurales en Atención a la Diversidad y en perfiles como Audición y Lenguaje (AL), una reivindicación que ha tenido recorrido en la agenda educativa autonómica.
Qué piden UPL y FE-USO:
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Más maestros de PT y especialistas de AL en centros concertados.
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Medidas que eviten desplazamientos del alumnado para recibir apoyos.
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Recursos suficientes para que la inclusión “sea real” y no solo un mensaje.
Carrera profesional docente: sin “caducidad” por cambiar de centro
El tercer punto se enfoca en la carrera profesional del profesorado de la concertada. UPL y FE-USO critican que el desarrollo de esta carrera siga sin un calendario claro —según su exposición— y, sobre todo, rechazan que un docente pueda perder la antigüedad necesaria para acceder a determinados complementos por cambiar de centro.
En paralelo, la Administración autonómica sí ha articulado procedimientos vinculados al reconocimiento extraordinario del complemento de carrera profesional para profesorado de centros privados concertados, gestionado a través de tramitación electrónica. Además, FE-USO ha informado públicamente de novedades normativas sobre este acceso extraordinario en Castilla y León.
Con todo, UPL y FE-USO sostienen que persisten “vacíos” y piden garantías para que la experiencia profesional no se penalice por movilidad dentro del sistema.
Mensaje a la Consejería: “corregir desequilibrios ya”
Las dos organizaciones cierran su posicionamiento con un aviso: no quieren que León siga “en desventaja” en un servicio que consideran esencial. Su petición se dirige directamente a la Consejería de Educación: igualar ratios, reforzar la atención a la diversidad y asegurar una carrera profesional con reglas estables.
