Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha valorado positivamente que la Junta de Castilla y León haya autorizado el inicio de acciones administrativas y judiciales para buscar la supresión del peaje de la AP-66. La formación sostiene que esta decisión responde a una demanda que lleva años planteando en las Cortes autonómicas.
El Consejo de Gobierno dio luz verde este jueves a estas actuaciones sobre la autopista que conecta León y Asturias. Los leonesistas celebran que el Ejecutivo autonómico haya aceptado «por fin» emprender esta vía, aunque reclaman que los anuncios se concreten en pasos efectivos.
UPL recuerda que su última iniciativa sobre el peaje de la AP-66 se registró el 29 de julio, mediante una pregunta escrita. En ella, solicitaba a la Junta que impulsara acciones para intentar eliminarlo.
Además, la formación aludía a la Proposición No de Ley aprobada en 2024 a propuesta de UPL, que ya reclamaba la supresión del peaje. Los leonesistas justificaban esa petición por el perjuicio para el territorio leonés y por lo que consideran una prórroga ilegal de la concesión.
Según detalla UPL, la Consejería de Movilidad respondió a su pregunta el 6 de octubre. En esa contestación, trasladó que estaba «analizando opciones jurídicas que resulten viables para proteger los intereses de Castilla y León y contribuir a la supresión definitiva del peaje».
La respuesta también contemplaba «la posibilidad de recurrir en vía de oficio y, en su caso, ante los tribunales, la prórroga de la concesión de la autopista». UPL vincula esa opción con las actuaciones que acaba de autorizar el Consejo de Gobierno.
La formación sitúa esta reclamación dentro de una trayectoria de iniciativas parlamentarias. Entre ellas, cita dos Proposiciones No de Ley aprobadas en 2021 y 2024, además de diversas preguntas orales y escritas.
Asimismo, recuerda que en diciembre de 2025 pidió en el pleno de las Cortes «iniciar procedimientos judiciales» para suprimir el peaje de la AP-66. Entonces, reclamó a la Junta que ejerciera «liderazgo defendiendo a los leoneses contra una situación ilegal».
UPL sostiene que la última prórroga, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, fue ilegal y señala que el pronunciamiento europeo reforzó su exigencia de actuar.
La formación celebra ahora el cambio de postura que atribuye a la Junta. No obstante, espera que «ese cambio de postura no responda simplemente a humo preelectoral y realmente sí se den los pasos anunciados».
