Tras haber observado presuntas irregularidades tanto en la comunicación del cierre de la fábrica de La Bañeza y el despido colectivo por parte de Azucarera, como en la convocatoria y proceso de la asamblea de trabajadores de la planta bañezana, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han pedido a la Junta en las Cortes, mediante una batería de preguntas, que impugne ambas cuestiones ejerciendo dicha potestad que le confiere la legislación al estar reconocida como autoridad competente para ello.
En este aspecto, respecto a la asamblea de trabajadores, los leonesistas recuerdan en su iniciativa parlamentaria que el pasado 26 de junio el sindicato UGT en la provincia de León denunciaba las presuntas irregularidades habidas en la votación en la asamblea de trabajadores de la planta de Azucarera de La Bañeza, a la que solo acudieron 75 de los 141 trabajadores de la misma, votando a favor del preacuerdo 47 de dichos trabajadores, lo que representa apenas el 33% de los trabajadores, mientras que el 67% de los mismos no habría dado su beneplácito a dicho preacuerdo que implicaría el cierre de la planta de La Bañeza.
En este aspecto, desde UPL manifiestan que les “llama la atención” el escaso margen de tiempo con el que se celebró la asamblea de trabajadores, solo 12 horas después de anunciarse el preacuerdo que implicaría el cierre de la fábrica de La Bañeza, con un importante número de trabajadores sin que se hubiesen enterado de la convocatoria de la asamblea (y que según apuntan los leonesistas habrían visto vulnerado con ello su derecho a participar en la misma), y sin que en general los trabajadores tuviesen tiempo para analizar y valorar los términos de dicho preacuerdo.
A ello, señalan desde Unión del Pueblo Leonés que habría que añadir el hecho de que para la votación en dicha asamblea la mesa no poseía un censo oficial de trabajadores, lo que podría haber llevado a que votasen personas que no eran trabajadores de la planta y, con ello, se podría haber cometido fraude en un resultado que implica una decisión tan drástica y relevante como el cierre de la fábrica de Azucarera de La Bañeza.
Del mismo modo, apuntan que, de forma contraria a la normativa, la urna para dicha votación en la asamblea era una caja de cartón opaca y sin precinto, hecho que denunció UGT-León, lo que para los leonesistas “siembra más dudas aún sobre la legitimidad de los resultados de la votación en dicha asamblea”, que consideran podrían haberse visto alterados ante la “total falta de garantías en el proceso desde la convocatoria a la votación”.
Unos hechos que para UPL podrían llevar a considerar que dicho acuerdo adoptado en la asamblea de trabajadores sobre el preacuerdo con la dirección de Azucarera y que implicaría el cierre de la fábrica de La Bañeza se pudo hacer mediante fraude, dolo o abuso de derecho.
Por ello, los leonesistas piden en Cortes a la Junta que impugne dicha votación, y lo hacen recordando que el artículo 51.6 del Estatuto de los Trabajadores recoge que la autoridad laboral (que en el caso de la comunidad de Castilla y León sería la Junta) puede impugnar los acuerdos adoptados relativos a un despido colectivo cuando se hubiesen alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derechos a efectos de su posible declaración de nulidad.
De este modo, una impugnación de la Junta podría dejar sin efecto la firma del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado el 3 de julio en Madrid por la mesa negociadora, y que ha acordado el cierre de la fábrica de Azucarera de La Bañeza y que implicaría el despido de 194 trabajadores, cuyos despidos serían ejecutados según dicho acuerdo antes del 31 de agosto.
Por otro lado, desde Unión del Pueblo Leonés apuntan también a lo recogido en la Disposición Adicional Sexta del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, y modificado mediante el Real Decreto 608/2023, de 11 de julio, por el que se desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
Y es que, desde UPL recuerdan que dicha Disposición recoge la obligación de la empresa de notificar a la autoridad competente en los supuestos de cierre de un centro de trabajo con una antelación mínima de seis meses cuando el despido afecte a cincuenta o más trabajadores, caso que según los leonesistas sería plenamente aplicable al cierre y despidos planteados en el centro de trabajo de Azucarera en La Bañeza, no teniendo constancia UPL de que dicho despido y cierre se hubiese comunicado por parte de Azucarera con esos seis meses de antelación que fija la legislación para un caso de este tipo.
Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés consideran que el cierre de la fábrica de La Bañeza y los despidos podrían haberse hecho en fraude de ley, al no haber respetado los seis meses de antelación fijados en el Real Decreto 608/2023, por lo que exigen a la Junta, como autoridad laboral en la comunidad autónoma, que impugne la decisión de Azucarera y los acuerdos adoptados que implican el cierre de la fábrica de La Bañeza.
