Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado en las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas para exigir que se cumpla el compromiso político adquirido con la Comunidad de Regantes del Canal del Páramo Bajo: la bonificación del 100% de los costes energéticos, además de los gastos de mantenimiento y reposición, asociados a la elevación de Villalobar.
Según expone la formación leonesista, el objetivo es ahondar en el grado de proactividad de la Junta de Castilla y León para reclamar al Gobierno de España que mantenga este compromiso “histórico”, vinculado a la Tarifa de Utilización del Agua.
Reunión con los regantes y foco en Villalobar
La iniciativa llega tras una reunión mantenida por la secretaria general de UPL y procuradora en Cortes, Alicia Gallego, con el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal del Páramo Bajo, Herminio Medina, y una técnica de la entidad.
A partir de ese encuentro, UPL plantea preguntas concretas para saber qué gestiones ha realizado la Junta desde febrero de 2024 para exigir al Ejecutivo central el mantenimiento de la bonificación. Además, reclama detalles sobre si se ha preparado la vía legislativa en caso de ser necesaria.
Una PNL aprobada el 21 de febrero de 2024
UPL recuerda que las Cortes aprobaron el 21 de febrero de 2024 una Proposición No de Ley (PNL) que instaba a la Junta a dirigirse al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El mandato parlamentario pedía mantener el compromiso con los 1.000 agricultores del Canal del Páramo Bajo, en las provincias de León y Zamora, para la bonificación íntegra de los costes vinculados a la elevación de Villalobar.
En ese mismo acuerdo, se planteaba que la Junta promoviera, si fuera necesario, un proyecto de ley para dar cobertura a esa bonificación.
Preguntas directas: comunicaciones, frenos y defensa jurídica
En su batería de cuestiones, UPL solicita a la Junta que aclare si ha recibido alguna comunicación del Gobierno de España en respuesta a la petición realizada tras la PNL. También pregunta si el Ejecutivo autonómico ha solicitado —o solicitará— a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que detenga cualquier modificación que pudiera alterar el compromiso político existente.
Además, la formación leonesista plantea un escenario de conflicto: si una decisión unilateral comprometiera los derechos de los regantes, UPL quiere saber si la Junta va a defender técnica o jurídicamente a los agricultores del Canal del Páramo Bajo.
Eficiencia energética: otra vía para reducir costes
El acuerdo de febrero de 2024 incluía un segundo punto: instar a la Junta a pedir al Ministerio que impulse un proyecto de eficiencia energética para la elevación de Villalobar. La finalidad sería reducir el coste eléctrico de la infraestructura y, en consecuencia, limitar el gasto asociado al organismo de cuenca y al conjunto de los ciudadanos.
UPL retoma esa petición y busca conocer si la Junta ha avanzado en ese frente o si ha exigido formalmente medidas concretas para abaratar el consumo energético de la elevación.
Contexto en el Páramo Bajo: agricultura y costes eléctricos
La elevación de Villalobar es una pieza clave para el riego y la actividad agraria en el entorno del Canal del Páramo Bajo. En un contexto de costes energéticos sensibles para el sector primario, la bonificación del 100% de los gastos asociados se presenta como un elemento determinante para la estabilidad económica de las explotaciones.
Por eso, UPL insiste en que el compromiso debe respetarse sin cambios y reclama que la Junta actúe con firmeza ante el Gobierno central y los organismos competentes.
Qué pide UPL, en resumen
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Que la Junta reclame al Gobierno el cumplimiento del compromiso de bonificación.
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Que se informe de las gestiones realizadas desde febrero de 2024.
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Que, si hiciera falta, se impulse un proyecto de ley para garantizar la medida.
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Que se promueva un plan de eficiencia energética para Villalobar.
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Que se eviten modificaciones de la CHD que pongan en riesgo la Tarifa de Utilización del Agua.
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Que la Junta defienda técnica y jurídicamente a los regantes si sus derechos se ven afectados.
